Un juez de Bogotá avaló el preacuerdo con la Fiscalía. Guerrero aceptó su responsabilidad y recibió una condena de tres años de prisión, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa.
Un juez de Bogotá avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien reconoció haber utilizado documentos académicos obtenidos de manera fraudulenta para acreditar requisitos profesionales en su aspiración a ocupar un alto cargo en el Gobierno nacional.
Como resultado del acuerdo, Guerrero fue condenada a tres años de prisión, recibió una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos años y cinco meses y deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Sin embargo, la Fiscalía solicitó la suspensión condicional de la pena, por lo que Guerrero no iría a prisión, debido a que la condena impuesta no supera los cuatro años.
Admitió haber utilizado títulos obtenidos fraudulentamente
De acuerdo con la investigación, Juliana Guerrero habría obtenido de manera irregular títulos como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria de la Fundación Universitaria San José.
Según la Fiscalía, estos documentos fueron utilizados para acreditar requisitos en su hoja de vida y avanzar en su aspiración a ser nombrada viceministra de Juventudes.
La investigación estableció que Guerrero habría intentado cargar los documentos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II), con el propósito de acreditar los requisitos exigidos para el cargo.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que Guerrero tenía conocimiento de las irregularidades relacionadas con los documentos académicos.
Según la fiscal delegada, la hoy condenada reconoció de manera libre y voluntaria que utilizó maniobras ilícitas para obtener los títulos y que posteriormente los anexó a su hoja de vida.
Pasó de ser autora a cómplice del delito
Como parte del preacuerdo con la Fiscalía, Juliana Guerrero fue procesada como cómplice y no como autora del delito de fraude procesal, lo que permitió una reducción considerable de la pena.
El delito de fraude procesal puede contemplar penas de entre seis y doce años de prisión, según las circunstancias del caso.
Además de la condena, el acuerdo incluyó la posibilidad de acceder a beneficios judiciales, entre ellos la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Juliana Guerrero pidió perdón al país
Durante la audiencia, Guerrero pidió perdón públicamente al país, a su familia, a quienes confiaron en ella y a la comunidad académica de la Fundación Universitaria San José.
La joven aseguró estar arrepentida y manifestó que no pretendía justificar sus actuaciones ni presentarse como víctima.
También pidió perdón a estudiantes, profesores, directivos y egresados de la institución universitaria, reconociendo su responsabilidad por los hechos.
Guerrero señaló que espera que esta situación le permita aprender de sus errores y reconstruir su vida.
Procuraduría pidió investigar otros posibles delitos
Durante la diligencia judicial, la Procuraduría solicitó que se compulsaran copias a la Fiscalía para investigar una posible conducta relacionada con el delito de falsedad ideológica en documento público.
El procurador delegado argumentó que el preacuerdo avalado se concentró en el delito de fraude procesal.
Por su parte, la defensa de Juliana Guerrero manifestó su desacuerdo con esta solicitud y aseguró que no debería abrirse una nueva investigación por hechos relacionados con el mismo caso.
El caso de los títulos de la Fundación San José
El caso generó una fuerte polémica desde 2025, cuando surgieron cuestionamientos sobre los títulos académicos presentados por Guerrero para aspirar a un alto cargo en el Gobierno nacional.
La Fundación Universitaria San José anuló en septiembre de 2025 el título de Contaduría que figuraba a nombre de Guerrero. Posteriormente, su hoja de vida fue retirada del portal de aspirantes de la Presidencia de la República.
Según la investigación, los documentos académicos fueron expedidos sin que se hubieran cumplido todos los requisitos legales y académicos exigidos para obtener los títulos.
Entre los elementos analizados por los investigadores se encuentran documentos y soportes financieros relacionados con pagos realizados a la institución educativa.
La congresista Jennifer Pedraza había denunciado públicamente inconsistencias relacionadas con los pagos efectuados por Guerrero, algunos de ellos realizados después de la fecha en la que supuestamente había obtenido sus títulos.
Con la aprobación del preacuerdo, Juliana Guerrero reconoció formalmente su responsabilidad en los hechos investigados. No obstante, el caso podría tener nuevos capítulos si prospera la solicitud de la Procuraduría para que se investiguen otras posibles conductas.
