Centro Democrático inicia campaña del NO al Plebiscito

“El Gobierno, las mayorías del Congreso, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral pretenden que la ciudadanía vote por el Sí al Plebiscito a partir de suprimir el derecho eficaz a la abstención, que carecerá de espacios oficiales de publicidad. Me parece que fue ayer cuando en 2003, grupos de maestros, con todas las garantías, hacían publicidad televisiva por la abstención contra nuestro referendo que reducía el gasto público, recortaba el número de congresistas y combatía la corrupción. En este Plebiscito también niegan el derecho de votar en blanco que carecerá de renglón en el tarjetón.

Solamente nos queda la opción de decir Sí a la paz votando No al Plebiscito. Es una reacción de coraje de la sicología colectiva que considera que el Plebiscito trae una paz de corta vida, con riesgos de derogación, como en El Salvador, cuyo proceso fue respaldado de manera unánime en la Comunidad Internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, a pesar de lo cual la ley de impunidad total de 1993 cayó hace pocas semanas. El Salvador vive afectado por una de las tasas de violencia más altas del mundo. Los gobiernos de la exguerrilla han paralizado la economía. Este caso acredita que los responsables de delitos atroces se quedan sin refugios en el planeta.

Es una reacción de coraje de quienes sin opciones debemos votar No al ilegítimo Plebiscito. Ilegítimo porque solamente trae una pregunta y baja el umbral del 50 % al 13 %, con la disculpa que será por una sola vez y con el precedente de que después harán algo parecido para el ELN, las bandas criminales o cualquier invento dictatorial.

Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta prohíbe a los ciudadanos decir que quieren la paz, pero rechazan la impunidad.

Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta utiliza el estandarte cautivante de la paz para que en su nombre los ciudadanos tengan que aceptar condiciones al terrorismo generadores de nuevas violencias. 

Aprobar el ilegítimo plebiscito no evita la decisión del Gobierno de sumarle más impuestos a una comunidad agobiada por una administración presidencial incapaz de rectificar a fondo, que cambió la confianza de inversión por el populismo tributario y abandonó el diálogo popular por la claudicación ante el terrorismo. Gobierno incapaz de rectificar a fondo, que derogó la austeridad e implantó el derroche, que con la amenaza de las nóminas burocráticas y los fusiles intimidantes del terrorismo en acuartelamiento, pretende nuevamente coaccionar la voluntad electoral.

Negar el ilegítimo plebiscito daría luz verde a restablecer la confianza de las Fuerzas Armadas de la Democracia, necesaria para recuperar la seguridad, a través de un alivio judicial para sus integrantes, sin impunidad, sin igualarlos al terrorismo y sin exponerlos a ellos ni a los civiles a reconocer un delito, incluso no cometido, para evitar el riesgo de ir a la cárcel por sentencia del Tribunal de la Farc, cuyos jueces serán nominados por entidades y de acuerdo con los perfiles convenidos entre las partes de La Habana.

De las reiteradas declaraciones de los cabecillas de la Farc queda claro que con este Tribunal pretenden el protocolo de su absolución y el encarcelamiento de soldados, policías y civiles que les han estorbado el propósito de destruir a Colombia.

En lugar de reformar a nuestra justicia crean en su remplazo el Tribunal de la Farc; en lugar de generalizar la segunda instancia en nuestras cortes, con la justicia del efecto retroactivo, este Tribunal será de única instancia. Tendrá atribuciones para sustituir a la Procuraduría y a la Contraloría. Con la provisión de impedir la revisión futura de sus fallos se incurre en la pretensión inaceptable de negar el principio universal e intemporal de la favorabilidad.

Aprobar el ilegítimo Plebiscito equivale a aceptar la impunidad total, que en lugar de disuadir al crimen lo consagra campeón y sienta el ejemplo para más y nuevas violencias. Por respeto a la comunidad colombiana, a su reputación internacional, por los valores de familia, el Gobierno que presidí extraditó casi 1.200 personas por el delito de narcotráfico. Lo hicimos en el pensamiento de evitar a las nuevas generaciones el señalamiento de la permisividad frente al narcotráfico. Pero resulta que el Gobierno acepta que en el caso de la Farc, el cartel de cocaína más grande del mundo, este delito, financiador de las mayores atrocidades, se considere político, esto es, sin extradición para los máximos responsables, sin cárcel doméstica y siempre con elegibilidad política.

Y la impunidad premia masacres, carros bomba y delitos como el reclutamiento de niños y los vejámenes relacionados.

En las cárceles colombianas hay muchas personas por actos sexuales abusivos, nuestra legislación se ha endurecido en busca del respeto a la mujer y al niño.

Contrasta lo anterior con la impunidad total a la Farc, que deja sin cárcel a los máximos responsables de violación de niñas, obligadas a entregar sus cuerpos a los cabecillas, embarazadas y con fusiles presionadas a abortar. 

Y el Gobierno suma a esta tragedia la propuesta de confundir la tolerancia y el respeto con el adoctrinamiento de la supuesta libertad sexual del niño, negando que la decisión sexual depende de la naturaleza y que la familia, su ejemplo y sus valores, son imprescindibles.

Rechazamos el ilegítimo Plebiscito que acepta que la política de género, de defensa de la mujer y de las minorías, se negocie con la Farc que se ha distinguido por la violación a la mujer y la destrucción de la familia.