La senadora, María del Rosario Guerra llevó a cabo en la Comisión de Tercera de Senado el debate de control político sobre burocracia.
A lo largo del debate la legisladora evaluó la concepción y el tamaño del Estado en nuestro país y los resultados, eficiencia y coherencia de la última reforma administrativa. Más adelante, revisó conductas de derroche del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y al final planteó algunas recomendaciones.
“El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario” fue la frase del presidente Santos, que la senadora sucreña rescató para empezar el análisis que permitió develar el Estado “derrochón” que en 2015, por ejemplo, creó 18.273 cargos adicionales, en la rama ejecutiva, frente al total de cargos creados en 2010.
“Con mirar los planes de desarrollo basta para darse cuenta que «el buen gobierno» del presidente Santos sólo se quedó en el papel: “Dentro del Plan Nacional de desarrollo 2010-2014 se habló de la necesidad de evaluación periódica, pero no hubo lineamientos para reestructurar la admisión la administración pública. Y en el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 no se menciona ningún criterio sobre el tamaño de la rama ejecutiva nacional para enfrentar las nuevas condiciones económicas adversas”, indicó la sucreña.
Lo anterior, en contraste con los resultados de la reforma del Estado del expresidente Álvaro Uribe Vélez que incluyó la creación del Programa Presidencial de Renovación de la Administración Pública (PRAP), un rediseño de la rama ejecutiva –para aumentar eficiencia y disminuir presión fiscal-, y la modernización de procesos estructurales de la administración pública.
Acorde con la investigación de la senadora, la reforma administrativa de 2011 trajo consigo la creación de 4 altas consejerías presidenciales, 3 ministerios, 6 agencias, 9 unidades administrativas, 2 agencias y 2 autoridades nacionales, entre otras entidades.
El gobierno de Juan Manuel Santos creo y modificó entidades y cargos sin un lineamiento conceptual del objetivo del estado. Y aumentó desproporcionadamente los honorarios pagados a miembros de juntas directivas de empresas del Estado y esos aumentos desproporcionados oscilaron entre el 111% y el 1.565 Real entre 2009 y 2015.
“Uno de los ejemplos más destacados es el del Ministro de Hacienda quien en 2015, por ejemplo, recibió $178.7 millones por concepto de salario y recibió –en el mismo periodo- por concepto de honorarios por junta directiva $119.9 millones de pesos. Otro ejemplo, es el del exministro de Minas, Tomás González quien recibió $178.7 millones por concepto de salario y recibió –en el mismo periodo- por concepto de honorarios por junta directiva $123.7 millones de pesos. Y así puedo seguir con otros funcionarios…”
