Invito a Alcaldía a que en convenio con una universidad de alto nivel haga un estudio pormenorizado donde se mire la capacidad real de pago de los usuarios para conocer hasta dónde resistimos este embate del aumento tarifario que se viene en todo un proceso de privatización de los servicios públicos domiciliarios en Pereira y en Colombia.
Con motivo de la presencia de la gerente de la Empresa de Energía de Pereira y del director del INFI, el concejal del Polo solicitó la conformación de una oficina que defienda de manera real los derechos de los usuarios de las empresas de servicios públicos.
“Solicito que el sector público esté del lado del ciudadano en la defensa del reclamo justo de sus derechos, el acompañamiento en acciones concretas, que la Alcaldía asista a la Junta Directiva de la Empresa de Energía, de estar vigilantes, que podamos conocer qué pasa al interior, cómo se desarrollan las operaciones, la contratación, cómo se gastan las utilidades porque tenemos el 51 % de las acciones aunque en mala hora perdimos el manejo de la Empresa que se lo entregaron a inversionistas privados que solo buscan altísima rentabilidad”, expresó el concejal Crosthwaite.
Reconociendo la calidad progresiva que las empresas de servicios públicos, patrimonio de la ciudad, han brindado, el concejal insistió en la necesidad de que el INFI se ponga del lado de los ciudadanos en una posición dominante del sector privado, donde está ausente la acción de la Superintendencia de Servicios Públicos que retiró su oficina regional, dejando a los usuarios sin herramientas de defensa, sin soluciones a sus reclamos con un acompañamiento en uso del derecho porque las empresas “para ciertas actividades niegan el derecho a la reposición” lo que hace que la gente desista.
Citó como ejemplos el de los medidores que sin estar dañados son cambiados y cobrados al usuario con la excusa de los avances tecnológicos, “todos los días consumimos menos luz, en mi caso pasé de 24 a 11 y con la nueva estructura tarifaria será mucho menor, por eso los medidores duran más”, explicó el concejal Crosthwaite reiterando la ausencia del debido proceso y la desmotivación de las personas a protestar en masa, pero con un inconformismo generalizado.
Asimismo solicitó a la Empresa de Energía, antes de tener que recurrir a una Acción Pública, que en cumplimiento del fallo del Consejo de Estado y de los conceptos de la Superintendencia, a que inserte un desprendible con los otros conceptos de cobro como son la compra de electrodomésticos, de seguros y otros, que disminuyen la capacidad económica de los hogares; compromisos adquiridos mediante una llamada telefónica y en algunos casos sin claridad y para cuyos reclamos someten al usuario a largas colas y trámites, en contra de la eficiencia de la Empresa, y citó como ejemplo de esta modalidad, el manejo que hace Codensa.
“La tarifa viene aumentando por encima de la inflación hasta dos veces, la gente ya no tiene capacidad de pago, eso lesiona los derechos de la gente y de la ciudad porque por pagar servicios públicos dejan de pagar otros impuestos. Entre enero de 2009 y diciembre de 2015 el costo de compra de generación eléctrica en la EEP subió el 65.5% cuando la inflación debe estar por el 38% y el costo de la generación eléctrica el año pasado, el costo de G subió el 19%; es una situación de eficiencia que se debe mirar desde lo que se compra en volumen de energía”, puntualizó el concejal Crosthwaite.
