La Defensora Regional del Pueblo de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, hizo hoy un llamado respetuoso a todas las autoridades del departamento, tanto elegidas popularmente, como las que ejercen funciones constitucionales, en el sentido de comprender que las alertas tempranas que se emiten, no solamente desde su despacho, desde las instancias de la sociedad civil organizada, así como desde la comunidad, tienen el objetivo de actuar con prontitud para evitar que algunos problemas de seguridad se salgan de las manos.
“Cuando emitimos una alerta temprana no es con el ánimo de incomodar o generar zozobra entre los servidores públicos. Dentro del marco de nuestra misión institucional de prevenir la vulneración de los derechos fundamentales, muchas veces, debemos leer las situaciones con una mirada distinta. Es decir, los hechos en sí cuando no configuran un delito, normalmente no llaman la atención de las autoridades competentes, pero antes de llegar a esos extremos se generan unas señales de alerta que solamente la comunidad que es la que vive en carne propia los peligros si evidencia y acude a nosotros. Nuestro deber es evaluar discretamente y emitir unas conclusiones, que si lo ameritan, las compartimos con las instancias indicadas”, aclaró.
Elsa Gladys Cifuentes indicó que cuando se reconoce que hay un problema o un peligro latente, se instruye para que cada autoridad, desde sus capacidades, actúe y consolide una serie de decisiones que eviten que esos peligros se conviertan en una realidad que afecten a los ciudadanos.
“Para cualquier persona es importante la tranquilidad y la sensación de sentirnos seguros. Ese es un patrimonio y un derecho colectivo, que requiere de la más alta con responsabilidad de todos los servidores del Estado. Por eso es tan importante que las autoridades no se incomoden cuando les expresamos situaciones irregulares. Cuando emitimos esos conceptos, es porque tenemos las suficientes bases para darlos a conocer”, aseguró.
La Defensora insistió que se han evidenciado situaciones graves de inseguridad en algunas zonas del departamento. Y en consecuencia, ante las instancias pertinentes, especialmente en los consejos de seguridad, han sido dadas a conocer a la Fiscalía, a la Policía y al propio Ejército Nacional, para que a través de un trabajo interinstucional se tomen decisiones, se desplieguen los poderes especiales de inteligencia, se recauden las pruebas y se judicialice a los responsables, para evitar complicaciones que generalmente terminan en altos niveles de muertes violentas, como las registradas en los últimos meses en zonas ya reveladas de Risaralda.
“Somos conscientes que en la medida que se atiendan en forma preventiva los vectores y las señales de alerta, no solamente se evitan mayores comisiones de delitos, sino que se garantiza que los empresarios y comerciantes desarrollen sus actividades productivas con normalidad, sin miedo, con el respaldo del estado. Ese es nuestro deber y tenemos que cumplirlo”, puntualizó.
