Una delegación de alcaldes de las principales ciudades de Colombia viajó a Washington D.C. con el objetivo de defender la cooperación bilateral y evitar una posible descertificación del país en la lucha contra las drogas.
La visita, sin embargo, ha desatado una tormenta política: el presidente Gustavo Petro calificó el viaje como una “usurpación de funciones” y advirtió que los mandatarios locales “no están autorizados para representar a Colombia”.
Los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Éder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena) sostienen que su presencia en EE.UU. responde a una “responsabilidad institucional” ante el riesgo de perder apoyo económico y militar clave para sus ciudades. En sus agendas figuran reuniones con congresistas demócratas y republicanos, así como funcionarios del Departamento de Estado.
La polémica se intensificó cuando Gutiérrez respondió desde redes sociales: “Petro ya actúa como un dictador. No tenemos que pedir permiso para trabajar por nuestras ciudades y por todos los colombianos”.
El trasfondo del conflicto es la posible descertificación de Colombia por parte de la administración Trump, que podría anunciarse el 15 de septiembre. De concretarse, el país enfrentaría restricciones en cooperación antidrogas, inversión extranjera y acceso a créditos internacionales.
Mientras la Casa de Nariño insiste en que las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Ejecutivo, los alcaldes argumentan que su gestión busca proteger a millones de ciudadanos ante un escenario diplomático adverso.
La Embajada de Colombia en EE.UU. también se pronunció, señalando que “es lamentable que algunos alcaldes desconozcan la labor diplomática del Gobierno Nacional y politicen un tema de interés nacional”.
Este episodio revela no solo tensiones entre el Gobierno central y los entes territoriales, sino también una fractura en la estrategia internacional del país en un momento crítico para su imagen global.
