Alcalde de Santa Rosa de Cabal, ni suspendido ni capturado
El alcalde de Santa Rosa de Cabal, Henry Arias, a quien se le investiga por una presunta celebración indebida de contratos en el año 2008, respiró profundo este viernes cundo una juez de conocimiento en Dosquebradas se abstuvo de suspenderlo del cargo y de dictarle medida de aseguramiento.
La audiencia se cumplió en la mañana, en un juzgado del Centro Comercial Molinos de Dosquebradas, a donde asistieron representantes de la Procuraduría, La Fiscalía y la Contraloría, quienes solicitaban no solo la suspensión de Henry Arias como alcalde de Santa Rosa de Cabal, sino también dictarle medida de aseguramiento.
CONCIENCIA TRANQUILA
Terminada la audiencia, Henry Arias, expresó su satisfacción por la decisión de la Juez, sin embargo, explicó que se siente preocupado porque se encuentra ante una justicia colombiana y donde hay distintos pareceres.
“Tengo la tranquilidad que esos dos contratos se ejecutaron con total transparencia y tengo la absoluta certeza de que nunca me quedé con un solo centavo”, expresó el mandatario municipal.
La investigación judicial continúa y Henry Arias sigue vinculado al proceso.
LOS HECHOS
Arias es investigado por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, conductas relacionadas con dos contratos celebrados en el año 2008 por valor de 23 millones 526 mil 600 pesos los cuales se suscribieron presuntamente de manera indebida y adicional a ello, se pagaron pero no se ejecutaron.
El actual mandatario santarosano, tenía para la época un restaurante y firmó dos contratos con la entonces administración municipal de Luis Alejandro Martínez Tabares, quien hoy paga una condena de 21 años en la cárcel de Santa Rosa de Cabal por corrupción.
Los contratos, en mención, eran para suministro de alimentos a la Policía Nacional y fueron tomados como de prestación de servicios, figura que no contempla el suministro de raciones de ese tipo por su naturaleza y cuantía; tampoco se respetó la pluralidad de oferentes, demostrando así que hubo una escogencia directa del contratista.
Mediante las investigaciones de la Fiscalía, se encontró que los certificados de registro presupuestal de ambos contratos se expidieron un día posterior a su celebración, no se argumentó la modalidad de selección del contratista ni se especificó en qué consistía el apoyo logístico y las actividades a desarrollarse.
Tampoco existe soporte alguno que acredite la necesidad, como es la solicitud de raciones por parte de la Policía ni soporte de la consulta de precios en el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, desconociéndose qué tipo de bien o servicio pretendía adquirir la administración.
