Una sanción consistente en el pago de 10 salarios devengados como Gobernador, decidió imponer la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, el pasado 9 de junio, al aspirante a candidato a la Gobernación de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas.
Frente a esta decisión, la defensa de Tamayo Vargas interpondrá recurso de apelación con el cual se espera sea revocada. El equipo de asesores jurídicos, consideran que cuentan con pruebas suficientes para que sea revocada la decisión del Ministerio Público y que Tamayo Vargas no deba asumir pago alguno.
Los hechos objeto de la investigación están relacionados con la firma del Convenio No. 126 de 2010 con por la Promotora de Vivienda de Risaralda.
Para la firma del convenio, cuyo objeto fue la transferencia de recursos para los programas de vivienda, se contó con la participación del Secretario de Hacienda de ese entonces, Jorge Alexis Mejía Bermúdez y del Secretario Jurídico, Héctor Fabio Vergara Hincapié, quienes avalaron su celebración; lo que permitió al entonces Gobernador, Víctor Manuel Tamayo, tener plena convicción de que al firmar no incurría en falta alguna.
Por su parte, el candidato por firmas a la Gobernación de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, reitera como siempre lo ha hecho, su credibilidad en la institucionalidad y la confianza de no haber incurrido en actuación irregular.
Agrega Tamayo Vargas que “la decisión del Ministerio Público no lo inhabilita para ser candidato o para ejercer como Gobernador, si Dios me tiene para ser ganador en la contienda electoral”.
