La autoridad electoral dejó en firme la elección de Merlano como senadora del partido Conservador, a pesar de estar detenida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá tras ser acusada de fraude electoral.
La resolución del Consejo Nacional Electoral se da básicamente porque aunque contra Merlano hay vigente una medida de aseguramiento, sobre ella todavía no pesa una condena por los delitos que se le imputan: corrupción al sufragante, retención ilícita de cedulas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
No obstante, más allá de lo afirmado por el CNE, es poco probable que pueda llegar al Congreso, justamente, por su detención. “Si ella no logra posesionarse en la semana siguiente [al 20 de julio] será declarada la ‘silla vacía’ y el partido Conservador perderá esa curul”.
La elección de Merlano fue ratificada después de que el CNE votó de manera positiva la ponencia de la magistrada Ángela Hernández, y le otorgó a Merlano la credencial de Congresista.
Hace un par de semanas el fiscal Néstor Humberto Martínez advirtió que la estructura presuntamente criminal de la que sería parte Merlano también estaría conformada por la excandidata al Congreso, Lilibeth Llinás, deCambio Radical, y también por los dirigentes políticos regionales Jorge Rangel, diputado conservador del departamento del Atlántico; Margarita Ballén, diputada conservadora del departamento del Atlántico; Juan Carlos Zamora, concejal conservador del distrito de Barranquilla; Aissar Castro Bravo, concejal conservador del distrito de Barranquilla; Aissar Castro Reyes, exconcejal de Cambio Radical y padre del concejal Castro Bravo y Vicente Támara, exconcejal de Opción Ciudadana, del municipio de Soledad.
Describió además Martínez que la red aparentemente se financiaba con dineros públicos del Concejo de Barranquilla y con aportes privados.
Por esto, la Fiscalía también llamó «a interrogatorio de indiciado a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría (…), por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral».
Las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó en el 2018, para los comicios al Congreso de la República.
Según la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas.
Por este caso fueron capturados Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña; María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales; Everlyn Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores. Posteriormente, cayeron los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez Otálvarez.
El fiscal de conocimiento, así mismo, compulsó copias el 20 de junio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.
Y en la misma fecha también se compulsaron copias ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido las candidatas Aída Merlano y Lilibeth Llinás».
