Una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes impidió la aprobación definitiva del presupuesto por $634,9 billones. La controversia se originó en una proposición relacionada con el artículo 65 y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
El Presupuesto General de la Nación para 2027, estimado en $634,9 billones, terminó hundido en el Congreso de la República por una irregularidad en el trámite legislativo que impidió que las dos cámaras aprobaran un texto idéntico.
Aunque el Senado y la Cámara de Representantes avanzaron en la aprobación de la iniciativa durante la madrugada del 20 de octubre, una diferencia en el articulado terminó convirtiéndose en un obstáculo insuperable, al no realizarse el correspondiente proceso de conciliación dentro del plazo constitucional.
La polémica por el artículo 65
El origen de la controversia estuvo en una proposición relacionada con el artículo 65, referente a mecanismos de estabilización de combustibles.
Según la información conocida, el senador Juan Caicedo había presentado una modificación que posteriormente retiró durante la plenaria del Senado. Sin embargo, por un error en la consolidación de los documentos del Ministerio de Hacienda, la proposición habría quedado incorporada en el paquete de modificaciones que se remitió a la Cámara de Representantes.
La situación produjo una diferencia entre los textos: mientras la Cámara votó la proposición, el Senado no la había aprobado.
Ante esta discrepancia, el procedimiento legislativo exigía convocar una comisión de conciliación para unificar los documentos y someter el texto definitivo a consideración de ambas corporaciones.
Sin embargo, el trámite no se completó antes de vencerse el plazo legal para aprobar el presupuesto, lo que impidió que la iniciativa se convirtiera en ley.
Un presupuesto de $634,9 billones
El proyecto contemplaba recursos por $634,9 billones para financiar el funcionamiento del Estado, la inversión pública y el servicio de la deuda durante 2027.
Durante las discusiones legislativas se plantearon modificaciones y redistribuciones presupuestales en diferentes sectores, entre ellos salud, pensiones, defensa y justicia.
Entre las cifras señaladas en el debate se encuentran:
- Salud: una adición de $3 billones.
- Pensiones y Trabajo: recursos adicionales por $6,5 billones.
- Defensa y seguridad: una asignación de $82,8 billones.
- Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): una reducción presupuestal de $181.400 millones.
Estas modificaciones reflejaban las diferencias políticas y económicas alrededor de las prioridades de gasto del Gobierno.
¿Qué pasará ahora con el presupuesto de 2027?
El hundimiento del proyecto en el Congreso no significa que Colombia vaya a quedarse sin presupuesto para el próximo año.
El artículo 348 de la Constitución Política contempla el mecanismo mediante el cual el Gobierno puede expedir el presupuesto por decreto cuando el Congreso no lo aprueba dentro del plazo constitucional.
Para ello, el Ejecutivo deberá acogerse a las alternativas previstas en la Constitución, tomando como referencia el proyecto presentado por el Gobierno o el presupuesto aprobado en el primer debate por las comisiones económicas, según corresponda.
Posteriormente, el Ministerio de Hacienda deberá adelantar el proceso de liquidación presupuestal para establecer las apropiaciones correspondientes a cada entidad y sector.
Incertidumbre política y económica
La caída del presupuesto representa un revés político para el Gobierno y abre un nuevo capítulo de controversia sobre el manejo de las finanzas públicas.
Uno de los asuntos que podría generar mayores discusiones jurídicas es la inclusión de recursos asociados a la financiación del presupuesto, particularmente si dependen de iniciativas tributarias cuya aprobación o vigencia sea objeto de controversia.
Por ahora, el país queda a la espera de las decisiones que adopte el Ejecutivo para garantizar la financiación del Estado a partir del primero de enero de 2027.
