El Gobierno boliviano descartó hoy jueves negociar la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, principal demanda de las organizaciones sindicales y campesinas que mantienen bloqueos y protestas desde hace 28 días en el país sudamericano.
LA PAZ – Xinhua
«La democracia no se negocia ni se dialoga, se defiende», afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, al endurecer la postura del Ejecutivo frente a las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos y grupos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).
Aunque el Ejecutivo insiste en mantener abierta la vía del diálogo, Lupo calificó de «inaceptable» la exigencia de dimisión presidencial y acusó a «grupos antidemocráticos» de utilizar demandas «legítimas» de sectores campesinos y trabajadores para forzar la renuncia.
En paralelo, el Gobierno intentó enviar señales de distensión para facilitar una eventual mesa de negociación promovida por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
El ministro garantizó que los dirigentes sindicales con órdenes de aprehensión podrán asistir a las reuniones sin riesgo de ser detenidos.
Hasta ahora, la orden judicial más visible recae sobre Mario Argollo, dirigente de la COB y uno de los principales referentes de las protestas que mantienen aisladas a La Paz y El Alto, ciudades ubicadas en el departamento de La Paz (oeste), así como otras regiones del país.
La situación golpea con fuerza a la ciudad sede del Gobierno (La Paz), donde filas de vehículos en estaciones de servicio se extienden por varios kilómetros, mientras los mercados comienzan a sentir el desabastecimiento de productos básicos y algunas farmacias reportan dificultades para reponer medicamentos.
El conflicto, que comenzó con reclamos salariales y demandas sectoriales, evolucionó hasta exigir la renuncia de Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025, hace apenas seis meses.
Las organizaciones movilizadas convocaron para las próximas horas a un cabildo nacional que reunirá representantes de los nueve departamentos para decidir si aceptan ingresar al diálogo o radicalizan las medidas de presión.
