Detrás de las cifras, en Dosquebradas hay 17.555 personas que aún viven con las marcas del conflicto armado, equivalente al 7,8 % de la población local. Ante esa realidad, el Gobierno de la Transformación fijó para el año 2026 una meta de atención a 4.600 víctimas, con el propósito de fortalecer su acompañamiento y acercarles rutas más claras de apoyo institucional.
Dosquebradas sigue haciendo del acompañamiento a las víctimas del conflicto armado una tarea concreta, diaria y cercana. En un municipio donde muchas historias aún cargan el peso del desarraigo, la pérdida y la espera institucional, el Punto de Atención ubicado en Santa Mónica se ha convertido en un lugar de orientación, escucha y gestión para quienes buscan respuestas, rutas claras y respaldo en la garantía de sus derechos.
En lo corrido de 2026, 2.124 personas han recibido atención en este espacio, una cifra que muestra la dimensión de una labor que va más allá del trámite y que hoy representa una de las líneas más sensibles del trabajo institucional en el municipio. La meta del Gobierno de la Transformación es acompañar este año a 4.600 víctimas, a través de orientación, ayudas humanitarias y acceso a servicios que permitan avanzar en atención, reconocimiento y participación.
Para avanzar en ese propósito, el alcalde Roberto Jiménez Naranjo destinó $439.534.000, recursos orientados a procesos de atención, ayudas humanitarias, orientación institucional y fortalecimiento de la participación a través de la Mesa de Víctimas, una instancia que cumple un papel esencial en la articulación de acciones y en la representación de esta población dentro del municipio.
La secretaria de Gobierno, Melissa Carmona Gómez, explicó que el enfoque de este trabajo apunta a facilitar el acceso a la respuesta institucional: “Estamos trabajando para que las víctimas encuentren en el municipio un lugar donde puedan recibir orientación clara, acompañamiento y acceso a las rutas de atención. Nuestro propósito es facilitar los procesos y brindar una atención humana y cercana”.
Ese acompañamiento se traduce en servicios concretos. En el Punto de Atención, las víctimas reciben orientación sobre sus derechos, asesoría en rutas institucionales y apoyo en trámites ante distintas entidades públicas. Allí también se brinda información relacionada con el Registro Único de Víctimas, RUV, actualización de datos y seguimiento al estado de inclusión dentro de ese sistema. A esto se suma la gestión para facilitar el acceso a ayudas humanitarias inmediatas, de emergencia y de transición, así como la articulación con programas de atención psicosocial para quienes aún enfrentan secuelas emocionales derivadas de los hechos victimizantes.
Ahora bien, el trabajo no se ha limitado al punto de atención. A lo largo del año también se han desarrollado actividades enfocadas en la memoria, el reconocimiento y la participación, entre ellas jornadas conmemorativas en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, encuentros comunitarios, espacios culturales, actos simbólicos y ferias de servicios que han generado ventas superiores a $10 millones.
Estas acciones, impulsadas junto con la Mesa de Víctimas, han permitido ampliar el alcance de la oferta institucional y acercar a esta población a servicios de orientación jurídica, acompañamiento psicosocial, programas sociales y mecanismos de participación ciudadana. Es decir, no solo se ha buscado atender necesidades inmediatas, sino también abrir escenarios donde la voz de las víctimas tenga lugar, reconocimiento y respaldo.
Ahí radica una parte fundamental de este trabajo, entender que la atención integral no pasa únicamente por responder solicitudes, sino por crear condiciones para que las víctimas encuentren acceso a derechos, acompañamiento institucional y espacios donde su historia no quede relegada al silencio.
Cabe resaltar que en Dosquebradas esta tarea sigue avanzando entre cifras, rutas y presupuestos, pero también entre historias de vida que exigen presencia pública, escucha y continuidad. Porque acompañar a las víctimas no es solo una obligación legal; es, sobre todo, una manera de reconocer su dignidad y de recordarles que no están solas frente a lo que les tocó vivir.
Dato de interés:
El Comité Operativo de Sistemas de Información para la Población Víctima ha logrado caracterizar a más de 13 mil personas bajo esta condición, facilitando acceso a servicios como el Sisbén, alimentos, transportes escolares y un acompañamiento diferenciado en la zona rural.
