Bogotá / RAM. Este lunes el jefe del equipo negociador, Humberto de La Calle, confirmó que sigue en discusión un eventual cese al fuego bilateral y señaló que en los próximos días -tras el crucial acuerdo en el tema de justicia transicional- serán muchos los avances para el proceso de paz.
“Es un momento importante en el proceso, no podemos ocultar que faltan decisiones por tomar, en primer lugar se continúa discutiendo sobre las características de un cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, estamos trabajando en la subcomisión técnica con presencia de militares activos en el fin del conflicto, las zonas de concentración de la guerrilla y la dejación efectiva de las armas”, señaló durante una declaración en la Casa de Nariño.
De la Calle afirmó que hay además un tercer elemento muy importante a tener en cuenta y es “el de brindar garantías para quienes dejen las armas, que es un reclamo justificado y una obligación del Estado”.
Respecto al tema de la participación de militares activos en el proceso de paz, el delegado del gobierno explicó que la revisión de la doctrina militar es una decisión del gobierno y reiteró que no es cierto que sea una imposición de las Farc, ni que se haya negociado algo parecido con esa guerrilla. “Es un necesidad que las fuerzas militares asuman nuevos retos en el posconflicto”.
“El país debe estar optimista porque hay un compromiso con una fecha concreta para la dejación de armas y para la firma de un acuerdo final, a más tardar en marzo de 2016”, agregó.
Por último, manifestó que hasta el momento las delegaciones no han comenzado a discutir los mecanismos de refrendación, además quedan por resolver los llamados pendientes que se han presentado a lo largo del proceso.
Al referirse al acuerdo de justicia reiteró que “no es un acuerdo que tenga impunidad. Tribunales internaciones han dicho que las penas que se han pactado en este acuerdo corresponden a la realidad jurídica del país y del mundo.
Aquí no va a haber borrón y cuenta nueva. No todos los crimines son objeto de amnistía, los que no se van a juzgar y a investigar”.
El pacto de justicia, punto neurálgico del acuerdo de paz definitivo que deberá firmarse en seis meses, prevé una «jurisdicción especial» para los actores del conflicto armado, sean guerrilleros, militares o exparamilitares desmovilizados en la década de 2000.
