El ingeniero de sistemas y actual concejal de Pereira por el partido liberal, Juan Carlos Reinales Agudelo, explicó hoy el por qué votó negativo el proyecto de acuerdo mediante el cual se implementó ayer el POT.
“No tiene sentido que una administración prácticamente al término de su gobierno, le dicte al próximo alcalde los proyectos que deberá ejecutar, así se encuentren en contravía de su idea de ciudad”, fundamentó de fondo en su prolongada disertación.
Al expedir un documento crítico que analizó en la plenaria de la Corporación, justificó la decisión en tres motivos fundamentales Que van desde el carácter jurídico, inconveniencias manifiestas y por consabidas dudas técnicas.
Por dudas jurídicas. Es claro que la ley 388 de 1997 plantea la necesidad, los casos, los tipos, el procedimiento y los plazos de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y en el artículo 28 dice “…teniendo cuidado en todo caso de que el momento previsto para su revisión coincida con el inicio de un nuevo período para estas administraciones”. Así mismo, el artículo 5 del decreto 4002 de 2004, referente a la revisión de los planes de ordenamiento territorial, dice: “….Los Concejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en el comienzo del período constitucional de este, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial, ….”.
Por inconveniencia. El espíritu del legislador al disponer que el POT sea revisado en el inicio de un nuevo periodo de gobierno municipal, es procurar la concordancia y la armonía entre los dos documentos más importantes para la gestión municipal.
De hecho, el artículo 18º de la ley 388 de 1997 determina: “…el programa de ejecución define con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de ordenamiento, que serán ejecutadas durante el período de la correspondiente administración municipal o distrital, de acuerdo con lo definido en el correspondiente Plan de Desarrollo, …” El programa de ejecución del POT contiene los proyectos de infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios, los desarrollos viales, las zonas de mejoramiento integral, señala los instrumentos para su ejecución pública o privada y es obligatoria su integración al Plan de Inversiones del próximo Plan de Desarrollo Municipal.
Por dudas técnicas. Entre otros, el documento no contempla la totalidad de las normas urbanísticas relativas a la localización de nuevos equipamientos colectivos, ni la determinación de las áreas objeto de los tratamientos de mejoramiento integral y conservación.
-No incluye con claridad los instrumentos de gestión para garantizar que el nuevo suelo rural como resultado de la reclasificación del suelo suburbano en verdad tenga vocación rural, como tampoco considera políticas para evitar la mutación del uso del suelo y bajar el conflicto de uso (85%) en el suelo rural.
-No es clara la estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés prioritario y de interés social que asciende aproximadamente a 9.700 soluciones.
-No se determinan las acciones para corregir la problemática de numerosos predios ubicados en los tramos urbanos de los ríos Otún y Consotá, que quedan en este nuevo POT en la categoría de riesgo no mitigable y que por ello no pueden acceder a mejoramientos de vivienda, ni a escrituración, ni a servicios públicos domiciliarios. No se especifican las previsiones para llevar a cabo los ajustes del perímetro urbano con respecto del sanitario, según las nuevas coberturas definidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y el Plan Maestro de Servicios Públicos.
-No se establecen normas urbanísticas para generar la sostenibilidad económica del Paisaje Cultural Cafetero, ni para la zona de amortiguación del área de la declaratoria.
