La Entidad instó a la Alcaldía de Pereira y la USPEC a establecer medidas urgentes y necesarias para garantizar el suministro de los alimentos.
Bogotá, D. C., 30 de diciembre de 2025 (@PGN_COL). Luego de adelantar una reunión este 29 de diciembre con las autoridades correspondientes, la Procuraduría General de la Nación alertó que 250 personas privadas de la libertad (ppl), en condición de sindicados, podrían dejar de recibir servicio alimentario en los centros transitorios de Pereira.
El Ministerio Público a través de la Regional de Instrucción de Risaralda instó a la Alcaldía de Pereira y la USPEC a establecer medidas urgentes y necesarias para garantizar el suministro de los alimentos, con el fin de evitar la consumación de una crisis humanitaria con la que se estaría incurriendo en tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Al dejar de prestar el servicio a partir del 1ro de enero de 2026, las 250 personas que están en riesgo podrían ver violentados sus derechos fundamentales y, resaltó la Entidad, existiría un riesgo de afectaciones a la seguridad en las estaciones de policía y la Unidad Permanente de Protección a la Vida de la ciudad.
El municipio de Pereira asumió desde el 1 de julio pasado la alimentación de los privados de libertad en condición de sindicados en sus centros transitorios, pero indicó no contar con los recursos ni las condiciones técnicas necesarias; por su parte, la USPEC aduce que los ppl en condición de sindicados de Pereira no fueron incluidos en la planeación de la prestación del servicio alimentario, en la medida que la entidad territorial asumió su obligación desde el 1 de julio de 2025.
Para este miércoles 31 de diciembre está planeada una nueva reunión en la que se espera lograr algún acuerdo. La Procuraduría a través de su Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, la Regional de Instrucción de Risaralda y la Provincial de Instrucción de Pereira articulan el seguimiento dentro de sus competencias, en aras de hallar una solución inmediata a esta situación.
