“Alea jacta est” expresó Julio César al rebelarse contra la autoridad del Senado romano. También nosotros podemos decir “la suerte está echada” respecto de la REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, de iniciativa gubernamental, que acaba de aprobar el Congreso colombiano, en un récord impresionante, en unas jornadas maratónicas, para estudiar sus más de 360 artículos.
Pero ¿qué de estructural tiene? ¡Nada! Es una Reforma regresiva, lesiva especialmente para las clases menos favorecidas dentro de nuestra estructura social, pero que beneficia enormemente a los más poderosos de nuestra nación. Título rimbombante y despistador.
En mi opinión, hay dos aspectos -entre muchos otros- que merecen especial consideración: el IVA y la penalización para quienes evaden o incurren en elusión tributaria.
El IVA, mal llamado impuesto indirecto, es el más directo de todos los existentes porque afecta en forma generalizada a la población, se aplica al momento de la compra y es recaudado bimestralmente por el erario público. A este impuesto sí se le reforzó el blindaje penal para los retenedores o recaudadores que incumplan las normas legales que lo rigen a través de la DIAN, penalización que me parece necesaria y correcta. Pero que, sin pudor alguno, el Congreso haya decretado su alza del 16% al 19%, es inadmisible y lesivo.
En estos momentos se discute el aumento del Salario Mínimo. Los representantes de los patrones ofrecen el 6,5%, desagregado en el 6% de inflación y 0,5% de productividad. Pero la incidencia del IVA en el salario mínimo ¿no se tiene en cuenta? El IVA afecta, al menos, en el 5,5% a la canasta familiar. Hasta defecar tiene ahora impuesto.
Es cierto que hay un enorme “hueco fiscal” que hay que subsanar; que estamos frente a la necesidad de asumir los costos del posconflicto, que la baja del precio del petróleo tiene incidencia directa en la economía estatal, que el desequilibrio en el presupuesto puede llegar a acarrear una sensible baja en la calificación internacional que llevará al alza de la tasa de intereses, que en urgente y necesario adelantar las obras de infraestructura de 4G; y algunas razones más. Pero ¿por qué los estratos más bajos tienen que ser los “paganinis”? ¿En qué se invirtió el dinero de la venta de ISAGEN?
Si bien es cierto que la población rural ha sido la más victimizada por la violencia, también es cierto que ella se ha generado por la injusticia social y económica de la plutocracia colombiana. Aquella ya ha pagado un alto costo: muertos, heridos y todos los males que implican sus desplazamientos. Ahora le corresponde a los ricos (muchos de ellos han amasado enormes fortuna a través de la violencia) resarcir los daños causados inhumanamente a sus compatriotas. Con ésta avalancha impositiva se malogra lo que otrora se me enseñara: que los impuestos son un medio de redistribución del ingreso.
Para afrontar las arremetidas y combatir a las guerrillas, el Estado recurrió al impuesto para la Guerra. ¿Por qué ahora no se aplica un impuesto para la PAZ a quienes tengan un patrimonio
mayor a los $2.000 millones, al menos por cinco o siete años? Sería lo más ecuánime. Pero no, el Congreso aplicó aquel dicho de “ayúdame que yo te ayudaré”. Y ¡vaya que lo ha hecho! salvo algunos Congresistas que se han negado a dar su voto a favor, más por populismo que por convicción; por supuesto que hay excepciones.
En Colombia, como en Dosquebradas, hay muchos evasores y elusores de sus obligaciones fiscales. En nuestro municipio hay quienes, en conjunto, deben más de $100 mil millones por concepto de impuesto predial; y en nuestra patria la suma es de muchos billones. Pero ellos, los deudores morosos, siguen campantes, como Pedro por su casa, ante la ineficacia estatal.
De ahí la preocupación porque estas ilegales acciones sean castigadas no sólo económicamente, sino -además- penalizadas. Por fin nuestro Estado, que tradicionalmente ha sido fiscalista, ha propuesto la penalización para aquellas personas naturales o jurídicas, que incurran en los hechos mencionados, en cuantías iguales o superiores a $5.000 millones. ¡Qué tristeza tan grande! ¿Quiénes son los que pueden incurrir en este horror? Los que tienen mucho, pero mucho dinero. Mientras un ciudadano con hambre fue encarcelado por robarse una pastilla para prepararse un caldo, quienes “roban” al erario público tienen licencia para robarse hasta $4.999.999,99 y no van a la cárcel.
Este jueves en la noche, el Senado se enfrascó en una estéril discusión sobre el tema sin lograr algún acuerdo. Por ello decidió nombrar una subcomisión integrada por senadores, la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y otros representantes del Gobierno, en procura de que de su seno salga una buena decisión, pero ésta debe ser: CÁRCEL PARA EVASORES Y ELUSORES EN CUALQUIER CUANTÍA, porque los dineros públicos deben manejarse con pulcritud, con suma honestidad; y quien los “roba” está robando a todos nosotros. Por ello, para subsanar tales faltantes, es que le “cargan la mano” a quienes menos recursos económicos tenemos.
Desde luego que habrá discusiones sobre si el evasor o elusor ha obrado con dolo, culpa o pretensión, lo que tendría que demostrar el Estado; pero los interesados (personas naturales o representantes legales de las personas jurídicas) ya deben estar pensando en cómo eludir la sanción penal, amén de la económica. Como decimos popularmente: hecha la ley, hecha la trampa. Tengo la esperanza de que tal subcomisión obre con sindéresis y dé recomendaciones que alejen de nuestra mente todo temor de que persista la posición.
Resumiendo: mano dura con las maniobras contra los fiscos nacional, departamentales y municipales, llámense evasores, elusores, retenedores del IVA o contrabandistas.
Si no hay justicia punible contrata esta caterva de malos ciudadanos, jamás habrá una verdadera y perdurable PAZ. ¿Será sostenible con la cascada de aumentos que nos espera a partir de enero próximo?
¿Hasta cuándo, pueblo indolente, seguiremos soportando tanta injusticia económica y social?
Dosquebradas, diciembre 23 de 2016. Correo electrónico: ferpis7@hotmail.com
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