Por estos días hemos recordado con mayor intensidad lo que nos expusiera el ilustre barranquillero, doctor Orlando Fals Borda, cofundador con Camilo Torres Restrepo de la facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, hablando de asuntos relacionados con política: “En todo ser humano subyace ansias de poder. Por eso, especialmente los colombianos, buscamos incesantemente descollar en algún campo: ser presidente de la república, senador, representante a la cámara, gobernador o alcalde, y esto sin hablar de los cargos en los cuerpos colegiados departamentales o municipales. Pero, ¡cuidado!, si es difícil escalar dignidades, -una vez logradas- es más difícil sostenerlas. Recuerden que se cosecha lo que se siembra. Siempre hay que proceder con sensatez”
Y hemos evocado lo dicho por el doctor Fals Borda a raíz de las pretensiones de la doctora Luz Ensueño Betancur de volver a ser alcaldesa de Dosquebradas. Ella, hasta ahora, ha sido la primera mandataria en obtener la mayor votación en la historia de las elecciones populares para la Alcaldía en este municipio; pero, lamentablemente, no respondió con las mayores y acertadas ejecutorias que la ciudadanía esperaba de ella, contando con tan enorme respaldo electoral.
Ese respaldo se fue desdibujando por sus acciones administrativas que muchas fueron calamitosas: el caso COTRAIN, la compra del edificio de los Seguros Sociales, la elección de su esposo como representante a la cámara, etc. Pero la de más ingrata recordación, por sus nocivos y colectivos efectos, fue el de la famosa ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, cuyos efectos aún se sienten.
En reciente exposición, la doctora Luz Ensueño dijo que la ley 14 de 1983 ordena que tales reajustes se hagan cada diez años. Falso. El artículo 5 de esta ley, señala 5 años. Este plazo se venció en la Administración que le antecedió. Entonces, ¿por qué no hizo tal actualización en su primer o segundo año de gestión? Sencillo; calculó, creemos nosotros, que de hacerlo así estropearía la elección de su esposo a la Cámara de Representantes, que a la postre fue invalidada, decisión de la que salió bien librada ella, porque cuando hay quien recibe, hay quien da.
También afirmó que tal actualización la hizo el IGAC. Cierto. Pero hay que señalar que para que se hiciera, su Administración firmó con el IGAC un convenio interadministrativo mediante el que aportó para ello, no sabemos con certeza si $700 millones o $1.000 millones. Cualquiera que hubiere sido el valor, se trata indiscutiblemente de dineros públicos, en este caso de significativo monto, cuya inversión o ejecución debió vigilarse celosamente, para lo cual tuvo que designarse una INTERVENTORÍA. Y ¿qué hizo este(a) Interventor(a)? ¿Algún particular conoció su informe para finiquitar dicho Convenio Interadministrativo? ¿Qué exigencias le hizo la Alcaldía? ¡Averígüelo Vargas!
Resultado de este proceso: inconformidad y confusión de los propietarios y caos en el Tesoro Municipal. Cuando se enteró de la “hecatombe” por la manifiesta insatisfacción ciudadana, presentó a consideración del Concejo un Proyecto de Acuerdo que contenía “pañitos de agua tibia” como exenciones y alivios tributarios en materia de Impuesto predial, que no surtieron lo efectos esperados, pues la inconformidad ciudadana cada día creció más. Se propuso la exención para el pago del impuesto predial para aquellos inmuebles destinados a vivienda que no superaran los 40 salarios mínimo mensuales legales vigentes ($21.424.000 en 2011), lo que resultaba violatorio al derecho a la IGUALDAD, más aún cuando no importaba cuántos lo fueran de un mismo propietario. Este Acuerdo se “cayó”.
Funestas e inmediatas consecuencias de dicha actualización catastral, entre otras muchas más:
1) Desde luego, y fue y es el más inmediato, el desmesurado incremento en el valor a pagar por concepto de IMPUESTO PREDIAL y, en consecuencia, del que se cobra para la CARDER. A propósito, ¿qué obras hace la CARDER en Dosquebradas?
2) En caso de venta del inmueble pagar mayores valores en Notaría, Registro e Impuesto Departamental, pues bien sabido es que no se permite otorgar escrituras por valores inferiores al avalúo catastral. Por esto decayó, además, el comercio inmobiliario.
3) Muchas personas se han visto obligadas a presentar Declaración de Renta y PATRIMONIO, debido a que, por este incremento en su(s) inmueble(s), sus valores sobrepasan el límite para estar exentas, por lo que han debido pagar el impuesto nacional de patrimonio.
4) En el evento de que se realicen obras por valorización, la contribución será mayor.
5) Si un joven al definir su situación militar resulta exento de prestar el servicio obligatorio, tendrá que pagar un mayor valor por su Tarjeta Militar.
6) Muchas personas, a través de grandes esfuerzos y durante muchos años de ahorro, han adquirido alguna(s) propiedad(es) con miras a tener un ingreso decoroso por su renta. Para lograr un equilibrio en los ingresos frente al impuesto predial, tuvieron que subir el valor del canon, lo que ha dificultado más su arrendamiento debido a la pobreza generalizada; o han tenido que asumir las “pérdidas” con una sensible disminución en sus ingresos.
7) Las familias que están pagando sus viviendas, generalmente con una alta tasa de financiación, han tenido que afrontar éste nuevo gravamen impositivo, afectando los recursos para atender su congrua subsistencia.
Veamos un solo caso concreto para ilustrar el impacto en la manida actualización catastral:
Obsérvese cómo, según el cuadro 1, el avalúo subió el 77,6% del año 2010 al 2011, y eso pese a las sustentadas reclamaciones que se hicieron ante el IGAC, lo que condujo a su sensible reducción. Dada las limitaciones de espacio de este artículo, amable lector(a), por favor saque sus propias conclusiones.
Pero bueno, cada quien es dueño de sus actos y debe asumir sus consecuencias. Esperemos a ver qué sucede el 25 de octubre próximo, cuando en las urnas se decida quién será nuestro próximo mandatario. Ya que ella no actúa con la sensatez de que habló el doctor Fals Borda, ojalá los ciudadanos que participan en las elecciones próximas, sí la tengan.
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