Por: FERNANDO PIÑEROS SMITH /
Quienes somos de la generación de los años cuarenta del siglo pasado, recordamos mucho los tristes episodios de brutalidad y tropelía que con vesanía se vivió en nuestra patria, antes y después de esa década. Desde “la guerra de los Mil Días” que permitió la continuidad de la hegemonía conservadora hasta 1930, pasando por la masacre de las bananeras, el conflicto con el Perú, las luchas campesinas por recuperar sus tierras, hasta la agudización de las confrontaciones partidistas entre liberales y conservadores, cuando éstos retomaron las riendas del poder en 1946, con la elección de Mariano Ospina Pérez, presidente entre 1946 y 1950. Los sucesos ocurridos hasta 1947, a juicio de varios tratadistas, fueron calificados como propios de una guerra civil no declarada.
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, que ocasionó el “Bogotazo”, fue el detonante para que se iniciara la llamada Violencia en casi todo el país, que se agudizó en la presidencia de Laureano Gómez y que condujo a que Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1953, diera golpe de Estado, período que se llamó de dictadura, que duró hasta el 10 de mayo de 1957, cuando la Junta Militar tomó el poder, que desembocó en un plebiscito en diciembre de ese año, para darle paso al “Frente Nacional”, pacto partidista que permitió que los partidos tradicionales -conservador y liberal- se alternaran en el poder por 16 años, partir del 7 de agosto de 1958.
De 1970 para acá hemos sido testigos de muchos escandalosos hechos de la vida nacional, especialmente de orden político, como la aparición del M-19 y su posterior desmovilización, la fraudulenta elección de Samper Pizano, el fallido proceso de paz con las FARC en El Caguán, el terrorismo desatado por el narcotráfico fundamentado en la incursión en política de algunos de sus “capos” como Ledher y Escobar, la aparición de las CONVIVIR que mutaron hacia las AUC; apenas para nombrar unos pocos hechos significativos.
Dentro de este contexto, llegó el nuevo siglo, y con él remozamos la esperanza de un sustancial cambio en la vida nacional, aferrados a la expectativa de que este nuevo milenio fuera de un gran avance tecnológico impregnado de un profundo sentido humanista, que eliminara de una vez por todas la violencia, especialmente la política-partidista, de nuestra patria. Tristemente no ha sido así.
Debemos acotar, en relación con lo que expresaremos adelante, que no somos ni anti Uribistas ni pro Santistas. Somos únicamente observadores del acontecer nacional, con severa imparcialidad. Y queremos, además, con esto significar que, individual y más colectivamente, “quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo”, como lo dijera magistralmente el español Jorge Santayana. Y que en lo transcurrido del siglo XXI hemos vivido una turbulencia de acontecimientos, que bien ameritan recordarlos.
En el gobierno de Santos hemos sido testigos de hechos que han causado controversia nacional, tales como la venta de ISAGEN; los escandalosos y descarados sobrecostos de REFICAR, cuyos orígenes son anteriores a su mandato e igual que la denunciada “Comunidad del Anillo”, que dio al traste con las carreras del General Palomino y de Vicky Dávila; el temido e inminente APAGÓN, que previéndolo y para evitarlo, desde hace tiempos, hemos venido pagado en las facturas de energía el llamado “cargo por confiabilidad”, que ha generado billonarias sumas que no sabemos dónde están; la caída del Defensor del Pueblo por el escándalo sexual bien conocido por todos; la Judicatura que continúa funcionando a “medias” porque el organismo que la ha de reemplazar no se ha podido poner en funcionamiento; los prolongados paros judiciales, el último se acaba levantar; la prolongada crisis en las Cortes para elegir quienes habrían de ocupar los cargos vacantes, algunos desde hace varios años, y que recién se acaban de designar; la situación de la Corte Constitucional por el escándalo “Pretelt”; el sorpresivo hecho que implica a Luis Bedoya, ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a quien en el escándalo del “FIFAGATE” se le acusa de apropiarse de la módica suma de 517 mil dólares; el injusto incremento del salario mínimo; la crisis de la salud de vieja data, en especial la relacionada con la EPS SALUDCOOP, de contera con ESIMED, su liquidador Guillermo Grosso, posteriormente Gerente de CAFESALUD, recientemente destituido; etc. Seguramente se nos olvide algunos otros hechos de relevancia.
¡Ah, se nos quedaba entre el tintero lo del viejo litigio territorial con Nicaragua! Al respecto debemos señalar que este no es un pleito entre gobiernos, sino entre Estados. Colombia ha litigado con denuedo en defensa de los intereses nacionales; por tal razón no señalamos como responsables a ninguno de los anteriores Presidente. Pero sí debemos indicar que nos extrañó mucho que en marzo 2008, el entonces presidente Uribe le expresa a su par de Nicaragua, señor Ortega, que Colombia cumpliría con el fallo de la Haya. Por fortuna el fallo emitido, adverso para Colombia, se dio en 2012, cuando ya no era presidente el doctor Uribe. Ahora la CIJ de la Haya, en polémico fallo, acaba de aceptar que sí es competente para conocer de las pretensiones expansionistas de tal país centroamericano en cuanto se refiere a la plataforma continental extendida.
Pero jamás habíamos visto juntos, tantos hechos condenables y servidores públicos condenados como los ocurridos en los dos periodos presidenciales del doctor Álvaro Uribe Vélez. Veamos el caso de la “Yidispolítica” que se dio por las dádivas ofrecidas a los Representantes a la Cámara Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño para lograr la reelección inmediata del Presidente, por lo que fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia a 47 meses de prisión, pese a que en aquel entonces el doctor Uribe dijera: “El Gobierno Nacional persuade; no presiona ni compra conciencias”. Este hecho, el de la aprobación del Acto Legislativo que permitió la reelección inmediata, dio lugar a que fueran investigados varios de sus más allegados colaboradores, entre ellos su Ministro de Protección Social Diego Palacio Betancurt, su Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, condenados a 80 meses de cárcel, y su Secretario General de la Presidencia Alberto Velásquez Echeverry, condenado a 60 meses de prisión.
Otro episodio: El de las interceptaciones ilegales, más conocidas como “chuzadas”, hechas desde el DAS, en las que resultaron comprometidos su ex directores Jorge Noguera Cotes, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 25 años de prisión; Andrés Peñate Giraldo; Felipe Muñoz Gómez y María del Pilar Hurtado condenada a 14 años de cárcel. Además, por estos mismo hechos fue condenado a 8 años, el ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno Villegas, quien también estuvo implicado en la “Yidis política”. Y Edmundo del Castillo, ex secretario jurídico de la Presidencia. Estas “chuzadas” se hicieron a la Corte Suprema de Justicia, se recuerda especialmente el caso de la “Mata Hari”; a Yidis Medina; a Piedad Córdoba; a Gustavo Petro y al periodista Daniel Coronell, entre otros.
Abreviemos. Recordamos el caso de AGROINGRESO SEGURO en cabeza de su ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, hoy “refugiado” en Estados Unidos; el de Luis Carlos Restrepo Ramírez, Comisionado de Paz, investigado por falsas desmovilizaciones y de quien no se sabe dónde está; las varias entradas al Palacio de Nariño de alias Job; el de Fabio Valencia Cossio, por nexos con las AUC del Magdalena Medio; del General Mauricio Santoyo; de los jóvenes Tomás y Jerónimo Uribe, “sobrados del lote” precisamente por compra en Mosquera unos terrenos como rurales pero que, posteriormente, les fue cambio el uso de suelo y catalogados como zonal industrial para que allí funcionara una Zona Franca, lo que les facilitó grandes ganancias.
Esperemos a ver qué pasa con lo del negocio de la chatarra. Deseamos que salgan incólumes, porque están muy jóvenes para “probar” cárcel.
Pero el caso que más ha causado revuelo últimamente es la detención del ganadero Santiago Uribe, hermano del Senador Uribe Vélez, por hechos que se investigan desde 1993 bajo el cargo de ser uno de los fundadores y patrocinadores de los “doce apóstoles”, investigación que ha tomado vigencia por la aparición, según la Fiscalía, de nuevos elementos probatorios que lo comprometen. No corresponde al Ejecutivo, sino al Judicial, establecer si dicho ciudadano es o no culpable, pero en todo caso debe hacerse justicia a quien sea, por más alcurnia, prosapia o linaje que tenga el acusado, absolviéndolo o condenándolo públicamente.
Con todos estos antecedentes entendemos por qué el Centro Democrático, con su fundador y máximo rector a la cabeza, hoy Senador Álvaro Uribe Vélez, se opone al proceso de PAZ, aunque frente a un hecho concreto y, al parecer, irreversible, como es la inminente firma del acuerdo con las FARC para lograrla, comienza a hacerle “coqueteos”.
Quienes hemos sido inermes víctimas de la inveterada violencia que nos ha azota, esperamos que la PAZ, una verdadera y duradera, germine y fructifique en nuestra amada Colombia. Queremos, porque lo merecemos, exhalar nuestro último suspiro en un país próspero, apacible y digno, como la mayor herencia que podamos dejar a nuestra descendencia. A lograr este noble aunque esquivo propósito debemos apostarle todos, todos, todos.
Correo electrónico: ferpis25@gmail.com
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