Gobernador de Córdoba no está inhabilitado

En la demanda de nulidad electoral que cursa actualmente en el Consejo de Estado contra el gobernador de Córdoba por una posible inhabilidad por tener un hermano en un cargo directivo en la Corporación Autónoma Regional –CVS-, el concepto dado por el Ministerio Público no obliga, pero si atormenta, porque la política es dinámica como el boxeo: golpe bajo o bien abajo, como el caso del alcalde de Trinidad (Casanare) donde el procurador de Yopal pidió al Tribunal Administrativo que declarara nula su elección y le otorgara la credencial al segundo en votación.

Para el caso concreto, la norma sobre inhabilidad aplicable es el artículo 30 numeral 5º, de la Ley 617 de 2.000.

El hermano del gobernador de Córdoba ocupa el cargo de subdirector de planeación ambiental en la CVS. En efecto, para que se den las circunstancias de esta inhabilidad deben cumplirse los siguientes presupuestos: i)Un vínculo de parentesco de segundo grado entre ese funcionario y el candidato, ii)Que ese cargo de ese familiar se presente dentro de los doce meses anteriores a la elección, iii)Que ese familiar haya ocupado un cargo en una institución pública, y iv)Que ese cargo tenga autoridad administrativa que implique una desventaja para los otros candidatos en la contienda política.

El cargo en mención es del nivel directivo con un nombre rimbombante pero sin ningún poder político. Y nuestra política es con votos. Ese cargo no tiene ningún poder de decisión pues está subordinado al Director General, al Consejo Directivo y a la Asamblea Corporativa. Participa en la elaboración del presupuesto, pero no lo maneja ni tampoco lo ejecuta. El ordenador del gasto es el Director General. Es decir, ese funcionario no tiene autoridad administrativa.

En este escenario, tiene más poder político el tesorero de la CVS que el mismo subdirector de planeación ambiental, pues el primero maneja los recursos; el otro es puro papel. Por ejemplo: estos dos funcionarios entran sin dinero a una cantina: ¿a quién le fían?

El poder político de un servidor público se mide por lo que significa ese cargo dentro y fuera de la entidad, y cómo participa de ese poder para influir en las decisiones de la comunidad. Y es aquí donde se requiere con urgencia un pronunciamiento jurisprudencial más moderno que el  mencionado en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994.

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