La campaña para la segunda vuelta presidencial en Colombia entró en una nueva controversia luego de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunciara la existencia de una presunta red de compra de votos que, según afirmó, estaría operando en la región Caribe para favorecer a su rival, Iván Cepeda.
Durante una transmisión realizada a través de redes sociales, De la Espriella aseguró que más de una veintena de dirigentes políticos, congresistas y empresarios estarían involucrados en una supuesta estructura destinada a influir de manera irregular en los resultados de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.
Entre los nombres mencionados por el candidato del movimiento Defensores de la Patria figuran el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman; los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez, además de otros líderes vinculados al Pacto Histórico.
Según De la Espriella, la información fue entregada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a quien solicitó mantener bajo observación a los señalados y verificar los datos presentados. Asimismo, pidió que, de encontrarse fundamentos suficientes, se evalúe la cancelación de visas y la inclusión de los involucrados en listas de sanciones internacionales.
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de varios de los señalados. Carlos Caicedo rechazó las acusaciones y las calificó como falsas y peligrosas, asegurando que exponer públicamente nombres propios podría poner en riesgo la seguridad de quienes fueron mencionados.
Por su parte, Felipe Harman, actual coordinador electoral de la campaña de Iván Cepeda, negó cualquier participación en actividades de compra de votos y sostuvo que el respaldo ciudadano al proyecto político que representa la izquierda colombiana no requiere de prácticas ilegales para obtener apoyo electoral.
Harman también respondió a cuestionamientos surgidos por un video difundido recientemente en Valledupar, en el que un líder político local hace referencia a recursos económicos destinados a la operación electoral. Según explicó, dichos recursos corresponden a gastos logísticos relacionados con la movilización de equipos de campaña, alimentación e hidratación de testigos electorales y activistas, y no constituyen evidencia de compra de votos.
La polémica surge a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, en la que De la Espriella y Cepeda buscarán llegar a la Casa de Nariño tras haber obtenido en la primera vuelta 10,3 millones y 9,7 millones de votos, respectivamente.
En los últimos días, la campaña presidencial ha estado marcada por acusaciones cruzadas relacionadas con presuntas irregularidades electorales, financiación política y posibles riesgos para la transparencia del proceso democrático que definirá al próximo presidente de Colombia.
