En Colombia hay dos clases de abogados litigantes: litigantes con buenos contratos del Estado, con altos ingresos, casi siempre egresados de universidades de prestigio donde concurren el poder político y el económico, y los lichigantes (como les dicen en Bogotá) a quienes llevan procesos de pobres, que son la gran mayoría.
Estos profesionales no sólo deben superar las dificultades normales de un largo proceso, sino las talanqueras legales que el mismo Estado le pone como la conciliación extrajudicial (Decreto 1716 de 2009 y 1167 de 2016) donde ninguna entidad concilia, porque no le da la gana, así como la no procedebilidad de medidas cautelares contra los municipios a que se refiere el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, sin descartar el tráfico de influencias y otras operaciones corruptas en algunos Departamentos donde opera el “cartel de la toga” especialmente en materia penal.
El litigio es una actividad de servicio que está sometida a las leyes del mercado (oferta y demanda), por tanto, juegan muchas variables que el cliente particular tiene en cuenta al momento de contratar a un abogado: capacidad, transparencia y experiencia. Hay pueblos donde hay mucha oferta del servicio, aspecto que ocurre a nivel nacional, pues en Colombia hay unos 400.000 abogados (frente a 95.000 médicos), es decir, 355 abogados por cada 100.000 habitantes, superando a países como Francia, Alemania, Brasil, Argentina y España.
Según el Consejo Superior de la Judicatura las universidades sacan al mercado unos 14.000 profesionales, frente a otras disciplinas que apenas llegan a 4.000, en 183 programas de Derecho.
Ahora bien, litigar o asesorar a una entidad del Estado es una lotería, pues la vinculación es a través de un contrato de prestación de servicios profesionales, que es una contratación directa (a dedo), según los términos del artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, sujeta al capricho y conveniencia del contratante, que casi siempre es político.
En este contexto, que presión podemos ejercer los 300.000 abogados litigantes antes que no lleve el coronavirus, frente al Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura?
Una acción de tutela, un derecho de petición, una protesta con cacerolas en los juzgados, pues la pandemia desaparece, pero la pobreza del gremio sigue creciendo. Y, mientras tanto, qué comemos? preguntó la mujer al coronel en la novela de García Márquez…
y a las dificultades normales de todo proceso agreguemos el tiempo adicional al que estamos sometidos los litigantes contra entidades del estado, en las cuentas de cobro, que sobrepasan los 8 años, mas 20 años de la etapa procesal, ocupamos 28 años, hemos gastado mas de media vida laboral para un solo proceso administrativo. La situación es mas crítica cuando hemos tenido que hacernos a un lado de un litigio por amenaza, caso muy normal al litigar en medellín.