Este jueves continuaron los bloqueos y las protestas en siete de los nueve departamentos de Bolivia, una escalada de conflictividad que comienza a impactar gravemente en el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y comercios afectados, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, epicentro de la crisis política y social que atraviesa el país.
LA PAZ – Xinhua
La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó esta jornada al menos 54 puntos de bloqueo distribuidos principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, aunque también se registran cortes en Santa Cruz, Pando y Chuquisaca. Solo Beni y Tarija mantienen libre tránsito.
La crisis, que comenzó con reclamos sectoriales de organizaciones campesinas, mineros, maestros y fabriles, evolucionó hacia una presión política coordinada contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.
A las movilizaciones se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales y grupos sindicales que ahora exigen abiertamente la renuncia del mandatario y la realización de elecciones anticipadas.
Afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB) marcharon este jueves por el centro de La Paz hasta las inmediaciones de la plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo, ambas custodiadas fuertemente por anillos de seguridad por policías y militares.
El dirigente de los fabriles de Cochabamba, Carlos Gutiérrez, advirtió que las protestas pueden radicalizarse si el Ejecutivo ejecuta una eventual aprehensión del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó el pasado lunes órdenes de aprehensión contra Argollo y otros 24 dirigentes vinculados a las movilizaciones y bloqueos que afectan al país.
La prolongación del conflicto también comienza a golpear con fuerza al aparato productivo. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó este jueves que las pérdidas económicas acumuladas superan los 600 millones de dólares debido a la paralización de rutas, industrias y cadenas de suministro.
Por su parte, el Gobierno de Bolivia insiste en llamados al diálogo y endurece las medidas de seguridad en torno a la sede presidencial.
