La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó «crímenes de guerra y de lesa humanidad» a 15 miembros del Ejército colombiano, por su «participación determinante en el asesinato de 127 personas» en el norte del país, en el marco de lo que en Colombia ha dado en llamarse como «falsos positivos» o crímenes extrajudiciales.
El anuncio lo hizo este jueves la JEP, el Tribunal creado en el acuerdo de paz, al precisar que la de hoy es la segunda imputación que se hace contra miembros del Ejército por este tipo de crímenes, tras la acusación semanas atrás de 10 militares, entre ellos un general, y un civil, por 120 asesinatos, bajo la misma lógica criminal.
Los homicidios atribuidos a dos coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, tres sargentos, un cabo y tres soldados profesionales ocurrieron en los departamentos del Cesar y La Guajira, entre 2002 y 2005.
Los militares acusados pertenecían al Batallón de Artillería No.2 La Popa y de acuerdo con la información recabada por la JEP, los uniformados se aliaron con los paramilitares para cometer estos crímenes, en razón al pedido de sus superiores jerárquicos de presentar «bajas en combate».
«La JEP determinó que los 15 imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar y a través de la cual se desplegó una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios en los que presentaron como «bajas en combate» a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares».
Señaló un aparte de la información que sobre el caso divulgó hoy la JEP.
Las indagaciones judiciales revelaron que hubo dos «patrones» para cometer estos crímenes: el primero consistió en aliarse con los ultraderechistas para acabar con la vida de personas señaladas en esas regiones de hacer parte de grupos armados ilegales o de delincuencia común.
Una vez los paramilitares entregaron sus armas, tras la negociación con el gobierno de Alvaro Uribe, por entonces el jefe de Estado (2002-2010), los uniformados salieron a la caza de nuevas víctimas, entre ellos personas discapacitadas, gentes en condición de vulnerabilidad y ciudadanos a quienes engañaron con falsas promesas de trabajo.
Al menos 12 de las 127 víctimas fueron indígenas de las etnias wiwa y kankuamo. Entre los aborígenes asesinados se comprobó el caso de una niña de 13 años que estaba embarazada al momento del crimen.
Una vez muertas estas personas, los militares los vestían con ropas de combate y armas para presentarlos como supuestos guerrilleros muertos en combate. Se las arreglaban, además, para impedir el levantamiento de rigor de los cadáveres por parte de autoridades, con lo cual esquivaban interrogantes y sospechas.
«El fenómeno empezó a responder especialmente a la presión por resultados, estimulada por un complejo dispositivo de incentivos y amenazas que se presentaban dentro de la institución en diversos ámbitos», precisó la JEP sobre las razones de estas muertes.
Los uniformados que cometieron estos crímenes eran recompensados por sus superiores con permisos de descanso, viajes y pagos en efectivo. «El objetivo era obtener resultados a toda costa», precisó el Tribunal de Paz.
Tras la acusación emitida hoy, la JEP le otorgará a los militares 30 días para «reconocer los hechos y su responsabilidad» o rechazar las imputaciones.
En caso de que los implicados reconozcan sus culpas, la JEP llamará a audiencias públicas de reconocimiento donde los militares se verán cara a cara con los parientes de sus víctimas, quienes participarán en la toma de decisión sobre las penas, que en todo caso serán reducida.
Si por el contrario, los uniformados niegan sus responsabilidades en estos crímenes podrían perder los beneficios judiciales que ofrecer el acuerdo de paz y ser sentenciados hasta por 20 años de prisión.
