La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer señalada de mantener a más de 300 perros en condiciones que comprometían gravemente su salud y bienestar en un albergue ubicado en zona rural del municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca.
Según las investigaciones, el lugar, que recibía donaciones para rescatar y proteger animales abandonados o en situación de riesgo, habría terminado convertido en un espacio de hacinamiento donde los caninos permanecían encerrados sin las condiciones mínimas para garantizar su cuidado.
Las inspecciones realizadas por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC) evidenciaron que los animales no contaban con suficiente acceso a alimento y agua, además de encontrarse en un entorno inadecuado para su protección.
Durante una visita de verificación, las autoridades encontraron varios perros con signos de desnutrición, enfermedades y lesiones que afectaban su integridad física, situación que derivó en la apertura del proceso judicial.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) imputó a María Constanza García Aguirre el delito de maltrato animal. La procesada no aceptó los cargos.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los animales y reabre el debate sobre la supervisión de refugios y albergues que operan con recursos provenientes de donaciones ciudadanas.
