¿Seguirá el caso en manos del a Corte Suprema o pasará a manos de la Fiscalía?, esta semana se podría conocer el destino del caso que cursa en contra del expresidente, luego de su renuncia como senador.
Un profundo dilema y opiniones encontradas inspira el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado de presunta corrupción a testigos, luego de que tras su renuncia a su curul de senador, y la correspondiente pérdida de investidura, aún no quede claro quién debe seguir ejerciendo como juez en dicho caso.
Si bien, se supondría que, de acuerdo a lo solicitado por la misma defensa de Uribe Vélez, el acaso pasara a la Fiscalía, ese trámite aún no se ha surtido, y siguen en pugna las interpretaciones sobre si el caso debería seguir aún en poder de la Corte Suprema de Justicia, órgano que actualmente lleva el caso, y que en semanas pasadas había ordenado la prisión preventiva del entonces senador como medida para proteger el desarrollo del caso.
Desde 2018, el órgano se encuentra dividido en 3 salas: La Sala especial de instrucción, encargada de la investigación de congresistas; la sala especial de juzgamiento, encargada de juzgar en primera instancia,; y en tercer lugar la sala de Casación Penal, encargada de verificación del as actuaciones de las otras dos salas.
Precisamente, tras la salida de Uribe del senado, existe gran expectativa por conocer qué órgano sería el que fije su jurisprudencia.
De acuerdo con el abogado penalista Rodrigo Parada, si la sala de instrucción estima que sigue siendo competente para llevar el caso, “será la Sala de Casación legal, la encargada de tomar la decisión definitiva”.
No obstante, para académicos como Cristian Rojas, director de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, el caso debe ser remitido a la Fiscalía en escenario en que “se encuentre que hay un análisis a favor del a víctima, o muy en contra del a defensa de Uribe Vélez”.
Por su parte desde el Colegio de Abogados Penalista explican que la definición estaría en el estudio de las conductas imputadas al exsenador, para determinar si estas están o no ligadas a su ejercicio como legislador, señalando que incluso quienes han apelado a este recurso, las han calificado como lejanas a estas competencias.
