Gustavo Moreno no aceptó cargos y busca principio de oportunidad

La Fiscalía General de la Nación adelantó nuevamente una audiencia de imputación de cargos contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, por el denominado cartel de la toga. El fiscal Jaime Camacho, dijo que se trata de hechos ocurridos cuando Moreno ejercía como abogado.

La Fiscalía mencionó durante la audiencia de hoy, al menos 11 casos en que Luis Gustavo Moreno, presuntamente, manipuló directa e indirectamente algunos procesos penales.

Los delitos imputados por la fiscalía son cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir y uso indebido de información privilegiada.

Jaime Camacho, fiscal del caso, dijo que entre 2012 a 2016, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos promovieron episodios de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, con la participación de los abogados Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y del magistrado Gustavo Malo, que solicitaban sumas de dinero a quienes tenían procesos en la Corte Suprema de Justicia.

Camacho explicó que: “Álvaro Ashton pagó 1.200 millones de pesos para que la organización dedicada a cometer delitos le ayudara a dilatar un proceso en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Caso similar fue el de Musa Besaile, ex senador de la república y quién pagó 2.000 millones de pesos para evitar una orden de captura”.

Y agregó que: “al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien tenía 10 investigaciones penales por presunta corrupción, debió pagar varias sumas de dinero por medio de acuerdos con el ex magistrado Ricaurte a cambio de que se le archivaran los procesos”.

El jurista también manifestó que: “La represente a la Cámara Argenis Velásquez y el ex senador Segundo Gnecco también entregaron dinero a la organización delictiva de la cual participaba Luis Gustavo Moreno, para concretar el desvío de las investigaciones que en contra de cada uno se llevaban a cabo en la Corte Suprema de Justicia”.

Y concluyó: “uno de los casos más sonados fue el de Alberto Velásquez, exasesor de Presidencia de la República, y quien pagó 300 millones de pesos para que se le diera aviso de una posible captura en su contra en el año 2015 y que se le informara constantemente de las investigaciones en su contra por conocida “Yidispolítica”.

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