La diputada del Partido MIRA reemplazará a Juan Carlos Valencia Montoya a partir del 14 de octubre. En la misma sesión, la corporación inició el análisis del presupuesto departamental, proyectado en $1,14 billones, y conoció una reducción del 32,26 % en los recursos asignados a la Secretaría de las TIC.
Pereira, 13 de octubre de 2026. La diputada Jaqueline Fernández, del Partido MIRA, fue elegida como nueva presidenta de la Asamblea Departamental de Risaralda, durante la sesión ordinaria realizada este martes en el salón Pueblo Rico de Expofuturo, donde temporalmente funciona la corporación tras las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La elección se produjo luego de las renuncias del presidente Juan Carlos Valencia Montoya y de la primera vicepresidenta, Paola Andrea Nieto. Como reemplazo de esta última fue elegida la diputada Luz Neila Polo Ramírez, del Centro Democrático. Los cambios en la mesa directiva entrarán en vigencia este miércoles 14 de octubre.
Fernández agradeció el respaldo de sus compañeros y manifestó que su gestión, durante los dos meses y medio que restan del año, estará enfocada en la transparencia, la honestidad, el trabajo en equipo y el acercamiento con las comunidades.
“En tiempos tan difíciles como ahora, el departamento demanda una asamblea muy activa, con escucha en la comunidad, con ese servicio comunitario que nos caracteriza a los 12 diputados del departamento”, expresó la nueva presidenta.
Por su parte, Luz Neila Polo Ramírez aseguró que no defraudará a los risaraldenses y anunció que continuará ejerciendo el control político. “Seguiremos haciendo control político, chancletazos contra las chambonadas, chancletazo contra los chambones de la politiquería”, afirmó.
Balance de la presidencia saliente
Durante la sesión, Juan Carlos Valencia Montoya presentó su informe de gestión, en el que destacó el trabajo territorial de la corporación y el acercamiento con las comunidades.
Según el balance, durante su presidencia se presentaron 25 proyectos de ordenanza, de los cuales 20 fueron aprobados y sancionados, tres no fueron aprobados o fueron retirados y dos continúan en trámite.
Entre las iniciativas destacadas figuran medidas de protección del Paisaje Cultural Cafetero, la nueva regulación del CODECTI, alivios tributarios mediante la reducción transitoria de intereses moratorios y beneficios en estampillas para contratos relacionados con la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto.
En materia de control político, la Asamblea citó a 31 entidades y tramitó 46 proposiciones, con especial atención a asuntos de salud, educación, infraestructura, hacienda y gestión del riesgo.
El informe también registró dos audiencias públicas, un foro sobre el impuesto predial y el catastro multipropósito, 69 atenciones a comunidades fuera del recinto y la entrega de 44 reconocimientos.
Otro de los avances fue el Sistema de Información Ordenanzal, que alcanzó un desarrollo del 90,3 %, con 2.100 ordenanzas digitalizadas.
Asamblea inicia estudio del presupuesto de Risaralda para 2027
Otro de los asuntos centrales de la jornada fue el inicio del estudio del Proyecto de Ordenanza No. 025 de 2026, mediante el cual se establece el presupuesto general del departamento para la vigencia 2027.
La propuesta contempla recursos por $1 billón 141.320 millones, lo que representa un incremento del 12 % frente al presupuesto de 2026, que fue de $1 billón 22.427 millones.
Del total proyectado, $1 billón 137.708 millones corresponden al sector central.
En cuanto a los ingresos, la propuesta contempla $355.288 millones por ingresos corrientes, $29.484 millones en recursos de capital y $752.936 millones provenientes de fondos especiales.
Dentro de estos últimos se destacan el Fondo Departamental de Educación, con $378.827 millones, y el Fondo Departamental de Salud, con $374.109 millones.
La presentación presupuestal también puso sobre la mesa las dificultades financieras derivadas del terremoto del 10 de agosto. Según lo expuesto, la paralización de actividades comerciales afectó el recaudo de impuestos como registro, consumo de cervezas y sobretasa a la gasolina.
Esta situación ocasionó una disminución superior al 23,46 % en los ingresos de agosto, frente al mismo mes de 2025, y un déficit presupuestal aproximado de $52.000 millones.
Inversión concentrada en educación y salud
En materia de gastos, el presupuesto del sector central contempla $946.113 millones para inversión, un crecimiento del 18 % frente a la vigencia anterior.
De estos recursos, $405.867 millones se destinarían a educación y $374.109 millones a salud.
Por su parte, los gastos de funcionamiento se proyectan en $149.086 millones, con una reducción del 20 %, mientras que el servicio de la deuda ascendería a $42.510 millones, un incremento del 43 %.
Un dato destacado es que el gasto público social representaría el 80,41 % del presupuesto departamental para 2027, frente al 74,97 % registrado en 2026.
Secretaría de las TIC tendría reducción presupuestal del 32,26 %
Durante la jornada también fue presentado el presupuesto de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a cargo de Luis Alexander Vásquez Hernández.
La dependencia tendría asignados $3.500 millones para 2027, frente a los $5.167 millones de 2026, lo que representa una disminución del 32,26 %.
De los recursos proyectados, $2.957 millones se destinarían al programa de acceso y uso de las TIC y $543 millones al programa de gobierno digital e infraestructura tecnológica.
Entre las metas anunciadas para el próximo año están la instalación de 80 zonas digitales, alcanzar 2.200.000 conexiones de usuarios, capacitar a 3.000 personas en el uso básico de tecnologías, implementar 40 nuevos trámites en línea, actualizar ocho sistemas de información y brindar asistencia técnica a 15 entidades en materia de gobierno digital.
Sin embargo, durante la presentación se advirtió una dificultad financiera: los costos de operación proyectados por la Secretaría ascienden a $6.415 millones, frente a una asignación presupuestal de $3.500 millones, lo que dejaría un faltante de $2.915 millones.
Finalmente, la dependencia presentó sus planes de atención relacionados con la emergencia sísmica, que contemplan 15 actividades con una inversión base de $12.042 millones, de los cuales $11.008 millones corresponderían al Gobierno Nacional y $1.035 millones a la Gobernación.
También se expuso el proyecto Risaralda Conectada e Incluyente 2.0, estimado en $59.818 millones, cuya financiación es de carácter mixto y se encuentra pendiente de gestión.
Con la elección de su nueva mesa directiva y el inicio del análisis del presupuesto departamental, la Asamblea de Risaralda entra en una etapa decisiva para definir las prioridades administrativas y de inversión del departamento durante 2027.
