El documento reúne 82 casos y hallazgos de presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro y fue entregado a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
Bogotá, 18 de agosto de 2026. El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, entregó formalmente este martes el denominado ‘Libro de la Verdad’ o ‘Libro Blanco’ a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al procurador Gregorio Eljach y al contralor Carlos Hernán Rodríguez.
El documento recopila 82 casos y hallazgos relacionados con presuntas irregularidades y hechos de posible corrupción durante la anterior administración de Gustavo Petro. Según el Gobierno, el informe fue elaborado bajo la coordinación del vicepresidente José Manuel Restrepo durante el proceso de transición entre el anterior y el actual Ejecutivo.
La entrega se realizó en el búnker de la Fiscalía, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.
Solicitan grupo especial para investigar los hallazgos
Durante el acto, De La Espriella solicitó a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría conformar un grupo especial e interinstitucional que permita analizar de manera articulada los casos incluidos en el documento.
El mandatario enfatizó que el informe no pretende anticipar condenas ni establecer responsabilidades, sino entregar información a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes.
“Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde”, afirmó De La Espriella.
El Presidente también insistió en que corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y de control determinar eventuales responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
“No me corresponde, señora Fiscal, declarar la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de persona alguna. Esa función le pertenece exclusivamente a la Administración de Justicia y al Ministerio Público”, señaló.
“El país quiere saber dónde fueron a parar los recursos”
De La Espriella sostuvo que la entrega del documento responde a una exigencia ciudadana para conocer el destino de los recursos públicos y determinar quiénes pudieron participar o beneficiarse de las presuntas irregularidades señaladas.
“El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre”, manifestó.
El Presidente aseguró que durante el proceso de transición fueron revisados documentos e información de diferentes entidades estatales, a partir de los cuales se identificaron los casos incluidos en el informe.
Gobierno anuncia “cero tolerancia” frente a la corrupción
El mandatario anunció que su Gobierno aplicará una política de “cero tolerancia” frente a la corrupción y ordenó a ministros, directores y altos funcionarios identificar, documentar y reportar ante las autoridades cualquier posible irregularidad.
“Mi Gobierno será implacable contra la corrupción”, afirmó.
También anunció la implementación de herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos, trazabilidad digital y sistemas tecnológicos para fortalecer el seguimiento de los recursos públicos.
La intención, explicó, es que cada peso pueda ser rastreado desde su salida del Tesoro Nacional hasta el cumplimiento de la finalidad para la cual fue destinado.
Según el Presidente, estos mecanismos deberán contribuir a detectar posibles anomalías, sobrecostos, contrataciones sospechosas y patrones de contratación reiterada entre proveedores y diferentes entidades estatales.
Señalamientos sobre entidades y programas
Durante su intervención, De La Espriella presentó diferentes cifras y cuestionamientos relacionados con entidades y programas del anterior Gobierno.
Entre los casos mencionados estuvo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El mandatario afirmó que se habrían utilizado $856.000 millones sin urgencia manifiesta y que se habría perdido el rastro de $1,3 billones.
También hizo referencia a una presunta nómina paralela de 900.000 contratos de prestación de servicios, que, según sus declaraciones, habría generado un pasivo superior a $5 billones para las finanzas públicas.
En el caso de Air-e, señaló presuntas pérdidas por $2,5 billones.
Asimismo, aseguró que el Ejército Nacional enfrenta un déficit presupuestal de $23 billones, situación que atribuyó, entre otros factores, a decisiones relacionadas con la política de “paz total”.
Sobre el programa Colombia Mayor, afirmó que estaría desfinanciado y que requiere cerca de $630.000 millones mensuales para cumplir sus compromisos.
En cuanto al ICETEX, sostuvo que sufrió un recorte presupuestal del 70 % y afirmó que más de 180.000 jóvenes no cuentan actualmente con el subsidio a la tasa de interés de sus créditos.
Cuestionamientos a la Reforma Agraria
El Presidente también cuestionó el cumplimiento de las metas de la Reforma Agraria planteadas durante el Gobierno anterior.
Según afirmó, se había proyectado la entrega de 1,5 millones de hectáreas, pero solo se habrían adjudicado poco más de 350.000 hectáreas, de las cuales unas 98.000 contarían con registro pleno.
De La Espriella reiteró que los señalamientos contenidos en el ‘Libro de la Verdad’ deberán ser examinados por las autoridades competentes y que el documento no debe convertirse en un instrumento de persecución política.
“Mirar hacia adelante no significa olvidar. Gobernar para el porvenir no implica cerrar los ojos frente a lo que ocurrió, ni convertir el pasado en una zona de impunidad”, concluyó el Presidente.
