Eso quiere decir que solo a ese grupo se le aplique el Acuerdo de Justicia, y se saque de esa jurisdicción a agentes del Estado y civiles.
El viraje en la tradicional postura de la colectividad política que lidera el expresidente Álvaro Uribe, según lo manifestó él mismo en un comunicado, lo plantea “en aras de la paz”.
Durante los ocho años que gobernó el país y también en su calidad de expresidente y ahora como senador, Uribe ha negado, contra toda evidencia, la existencia de un conflicto armado en el país. «En Colombia no hay conflicto, sino un atentado terrorista contra nuestra democracia; a las Fuerzas Armadas no se las debe situar como actores del conflicto, en el mismo nivel de la guerrilla», ha dicho, y reitera en su comunicado.
Para él, los integrantes de las Fuerzas Armadas y los civiles “no son actores de conflicto sino protectores del pueblo y víctimas”, y aplicar el Acuerdo de Justicia a las Farc se evitaría “la impunidad o ausencia de cárcel y la elegibilidad política para los responsables de atrocidades”.
El hoy senador le reprocha al Acuerdo de Justicia que los militares y policías serán sujetos de la misma justicia aplicable a las Farc, “con el riesgo agravante de tener que reconocer delitos no cometidos para evitar cárcel”.
En síntesis, Uribe pone los siguientes peros al Acuerdo de Justicia:
La legitimidad de las Fuerzas Armadas debió servir para sustraerlas de la nueva jurisdicción.
Es imposible aplicar a los agentes del Estado incursos en el conflicto la justicia transicional porque, “en lo substancial”, los agentes del Estado y la comunidad quedan sometidos a los mismos principios básicos del Acuerdo de Justicia.
La diferencia en el tratamiento a los agentes del Estado es apenas una “posibilidad semántica” que está negada en el conjunto del Acuerdo de Justicia. Todos (guerrilla, soldados, policías y civiles) quedan sometidos al mismo Sistema de Justicia y a las mismas normas.
El asesinato y secuestro de militares y policías se definen como delitos políticos, y por lo tanto indultables, si se consideran muertes en combate y aprehensión de combatientes. Pero si esos delitos hubieran sido por fuera de “combate”, a la guerrilla responsable le bastará reconocerlos para gozar de impunidad y elegibilidad política.
No tiene trascendencia la declaración del Gobierno en el sentido de que a los integrantes de las Fuerzas Armadas se les reconocerá la legitimidad y la legalidad de su accionar como titulares del monopolio de las armas.
Por la naturaleza de su tarea, los soldados y policías no delinquen, sino que defienden el orden jurídico.
El Acuerdo de Justicia otorga a los jefes guerrilleros la misma legitimidad que a los Comandantes de las Instituciones Armadas.
El Acuerdo de Justicia permite eximir de responsabilidad a los cabecillas de la guerrilla cuando no hayan ordenado, conocido o prevenido la conducta criminal.
Con responsabilidad o sin ella, los cabecillas de la guerrilla no irán a la cárcel y gozarán de elegibilidad política.
Poner a los integrantes de las Fuerzas Armadas en el mismo nivel del terrorismo es injusto con la historia democrática de la Nación y grave precedente para el futuro del país.
Muchos soldados, policías y civiles, en virtud de este Acuerdo de Justicia, para evitar ir a la cárcel, tendrán que reconocer delitos no cometidos.
