El Tribunal Administrativo de Risaralda anuló el artículo 56 del Acuerdo 04 de 2024, que otorgaba al alcalde Roberto Jiménez facultades para modificar el presupuesto sin límites claros.
La decisión se basó en el principio de legalidad presupuestal, que establece que solo el Concejo puede realizar ajustes al presupuesto municipal.
El fallo reafirma que las facultades extraordinarias deben ser precisas, pro tempore y no exceder los seis meses.
La Alcaldía argumentó que la nulidad entorpece el cumplimiento del plan de desarrollo, pero el Tribunal sostuvo que delegar funciones estructurales vulnera la separación de poderes y la autonomía del Concejo.
