Desde el 1 de julio de 2025, entró en vigor la Ley 2346 de 2024, la cual establece que los entes territoriales deben asumir, de forma transitoria, la alimentación de las personas privadas de la libertad que se encuentran bajo custodia en estaciones de Policía y centros de detención transitorios.
El Personero de Pereira, Leonardo Reales Chacón, explicó que, ante esta nueva disposición legal, tres municipios del departamento de Risaralda—Apía, Santa Rosa de Cabal y Pereira—asumieron la responsabilidad de brindar atención alimentaria a esta población.
No obstante, el Personero advirtió sobre las limitaciones fiscales que enfrentan muchos municipios del país, incluido Pereira, para cubrir esta nueva competencia sin una fuente clara de financiación.
“En respuesta a esta problemática, la Corte Constitucional, mediante auto emitido el 19 de junio, ordenó que aquellos municipios que cuentan con capacidad fiscal asuman dicha responsabilidad. En cumplimiento de este mandato, el municipio de Pereira suscribió un contrato por más de 1.600 millones de pesos, que garantiza la alimentación balanceada y continua de esta población hasta el 31 de octubre de 202”, explicó Reales Chacón.
Desde la Personería de Pereira, se realizó seguimiento a este proceso y se ha constatado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, que se está cumpliendo con los estándares exigidos para una alimentación digna.
El Personero Leonardo Reales Chacón señaló que, de no contar con recursos suficientes para continuar con esta labor a partir del 1 de noviembre, la Corte ha previsto que la responsabilidad regrese a la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), órgano adscrito al INPEC, que anteriormente se encargaba de esta función.
La Personería de Pereira reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y continuará ejerciendo su función de vigilancia y control para garantizar que se cumplan las obligaciones institucionales en materia de atención a la población privada de la libertad. Asimismo, se mantendrá vigilante del desarrollo del proceso de transferencia de competencias y recursos, conforme a lo dispuesto por el Congreso de la República.
