El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, ha actuado con absoluta responsabilidad en el manejo del caso del hospital cuya construcción no se ha podido llevar a cabo por falta de planeación de la pasada administración, dado que no se contaba con el predio para este proyecto.
La obra fue adjudicada el 22 de diciembre de 2011, justo ocho días antes de terminar el anterior periodo de gobierno, mediante contrato de Obras Civiles 1752 por valor de $4.032´826.457 al consorcio Obrin representado por Nelson Moreno Álvarez, con un plazo de ejecución de 240 días. A pesar de que en los pliegos de la licitación se decía que la obra se iba a construir en la carrera 9ª con calle 11 donde funcionan los talleres del colegio Santo Tomas de Aquino, la comunidad educativa había advertido que no permitiría la ocupación del predio hasta que se solucionara la falta de talleres para el área Técnica del plantel.
A pesar de los pronunciamientos del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía y de la acción popular que se instauró por parte de un grupo significativo de la comunidad el 24 de octubre del 2011, siguió adelante con el proceso y adjudicó la obra a finales de diciembre de ese año aunque no tenía el terreno respectivo.
Al inicio de este gobierno, el 20 de marzo de 2012, el Juzgado de Descongestión de Pereira previno al Gobernador Botero López para que se abstuviera de permitir cualquier acción sobre ese predio, al tiempo que mantuvo vigente la orden de suspensión de las obras hasta que se fallara de fondo la Acción Popular.
En estas circunstancias, la Gobernación de Risaralda, el 20 de mayo de 2014 demandó ante el Tribunal Contencioso Administrativo la nulidad total del contrato No. 1752 por falta evidente de planeación y está a la espera del fallo respectivo.
Adicionalmente y para garantizar la construcción de un nuevo hospital para Apía, en este gobierno se adelantaron los estudios de suelos y los diseños para la construcción de la sede, en los terrenos que hoy ocupa el actual hospital. Se trata de la consultoría para el estudio de suelos y recomendaciones de actuación para el predio que ocupa el hospital San Vicente de Paul por $13.645.789 y los estudios y diseños integrales de la nueva edificación por $174.844.480, los cuales ya fueron entregados.
La Gobernación de Risaralda, de igual manera, ha realizado las gestiones necesarias para preservar los recursos destinados para la financiación de esta obra.
