La Justicia boliviana amplió este miércoles por cinco meses la detención preventiva del expresidente Luis Arce Catacora (2020-2025) en la cárcel de San Pedro de La Paz, mientras continúa una investigación por el presunto desvío de recursos públicos destinados al Fondo Indígena.
LA PAZ – Xinhua
La determinación fue adoptada por el juez de medidas cautelares, Román Castro, durante una audiencia virtual, en la que la Fiscalía argumentó que la complejidad del caso y las dificultades derivadas de la prolongada crisis social que atraviesa el país impidieron concluir las investigaciones dentro del plazo inicialmente establecido.
El exmandatario se encuentra recluido desde diciembre de 2025 en el penal de San Pedro y hace dos semanas había vencido el primer periodo de detención preventiva dispuesto por la justicia para facilitar las investigaciones.
Durante la audiencia, Arce rechazó los argumentos de la acusación y pidió enfrentar el proceso en libertad. En una intervención dirigida al juez, sostuvo que no buscaba privilegios ni tratos especiales.
Sin embargo, el Ministerio Público defendió la necesidad de ampliar las medidas cautelares al considerar que persisten riesgos procesales y que aún quedan diligencias pendientes para esclarecer el destino de recursos que presuntamente fueron desviados a cuentas particulares.
La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con el Fondo Indígena, un mecanismo creado para financiar proyectos productivos y de desarrollo en comunidades indígenas y rurales.
Según la acusación, parte de esos recursos aparentemente fueron transferidos de manera irregular, provocando un perjuicio económico al Estado.
El caso adquirió una dimensión política adicional debido a la trayectoria de Arce dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y su papel en la administración de Evo Morales.
Antes de llegar a la Presidencia, Arce fue durante años ministro de Economía y formó parte del directorio vinculado a la administración de los recursos que hoy son objeto de investigación.
Para la defensa de Luis Arce, la prolongación de la detención constituye una medida excesiva y desproporcionada, al argumentar que el exmandatario cuenta con domicilio conocido, arraigo familiar y trayectoria pública suficiente para garantizar su comparecencia sin necesidad de permanecer en prisión.
