El proceso judicial por el homicidio del sacerdote Darío Valencia Uribe dio un giro definitivo: Julián Eduardo Cifuentes aceptó los cargos tras escuchar durante más de seis horas la detallada y cruda narración de la Fiscalía sobre cómo ocurrieron los hechos.
Según el ente acusador, Cifuentes actuó de manera consciente y voluntaria el 25 de abril de 2024, cuando disparó por la espalda al sacerdote dentro de su camioneta, aprovechándose de la confianza y la indefensión de la víctima.
Tras cometer el crimen, la Fiscalía relató que Cifuentes trasladó el cuerpo hasta un abismo en zona rural de Belalcázar (Caldas) con intención de desaparecerlo. Luego llevó la camioneta a un lavadero en Viterbo, llegó empantanado y con guantes, pidió retirar la silla ensangrentada y trató de borrar toda evidencia. En el vehículo se encontraron vainillas, armas, una navaja y otros elementos clave para la investigación.
Cuatro días después, huyó del país hacia Francia, lo que generó una notificación roja de Interpol y una solicitud de extradición. Finalmente fue entregado a las autoridades colombianas.
Gracias a la labor del CTI y el Gaula, el cuerpo del sacerdote fue hallado cinco meses después del crimen, en septiembre de 2024. Con este y otros hallazgos, la Fiscalía estructuró su imputación por homicidio agravado, porte ilegal de armas y destrucción de evidencia.
Durante la audiencia, Cifuentes se mostró inquieto, nervioso y visiblemente alterado… y finalmente aceptó los cargos. Solo por el homicidio agravado podría enfrentar hasta 400 meses de prisión, aunque su aceptación le otorga una reducción de pena que podría llegar al 50%.
Un juez de control de garantías determinó que representaba un riesgo para la comunidad y para el proceso, por lo que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza hacia la sentencia condenatoria.
La próxima audiencia se espera para el primer trimestre del próximo año.
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