Un grupo de extrabajadores de RED+ Noticias, representados por la firma Moreno Abogados Consultores, hizo público un comunicado en el que expone los alcances de las demandas laborales interpuestas contra Comunicación Celular S.A. (Comcel S.A. – Claro), empresa propietaria del canal, por presuntas irregularidades en la contratación de personal durante cerca de 13 años.
Según el documento, las demandas sostienen que periodistas, presentadores, camarógrafos, productores, asistentes de producción y otros trabajadores habrían sido vinculados mediante empresas intermediarias que, de acuerdo con los demandantes, carecían de autonomía real frente a Claro, configurando un supuesto esquema de tercerización laboral ilegal. Entre las sociedades mencionadas se encuentran Soluciones de Gestión y Productividad S.A.S., Secuoya Grupo de Comunicaciones S.A.S. y Torneos Colombia S.A.S.
El comunicado afirma que, como consecuencia de este esquema, los trabajadores habrían recibido salarios inferiores a los que les corresponderían con una vinculación directa, prestaciones sociales liquidadas sobre bases reducidas, exclusión de beneficios convencionales y terminaciones laborales que, según se alega, evitaron el pago de indemnizaciones.
En relación con el ambiente laboral, el comunicado señala que varias de las demandas incluyen denuncias por presunto acoso laboral atribuidas al entonces director de RED+ Noticias, Giovanni Celis Sarmiento. Según las alegaciones de extrabajadores, el directivo habría incurrido en gritos, intimidaciones públicas, exclusión arbitraria de espacios al aire, humillaciones frente a compañeros, cancelación injustificada de cubrimientos e instrumentalización de la precariedad contractual como mecanismo de presión. En uno de los procesos también se describen presuntas conductas de naturaleza sexual, entre ellas contacto físico no consentido, control sobre la imagen personal y la vida privada de un trabajador, así como el envío de mensajes de contenido inapropiado. El comunicado precisa que sobre estos hechos no existe, hasta el momento, una sentencia judicial y que corresponderá a los jueces establecer su veracidad con base en las pruebas aportadas. Asimismo, menciona que, según información difundida en medios de comunicación, una inspección del Ministerio del Trabajo habría documentado un número importante de reportes de acoso laboral en el canal.
Respecto a la presentadora Carolina Gómez Sánchez, el comunicado indica que algunas demandas y un derecho de petición radicado ante Claro recogen señalamientos formulados públicamente por extrabajadores, quienes afirman que ejercía un poder de hecho sobre parte del personal debido a su cercanía con la dirección del noticiero. De acuerdo con esas alegaciones, habría existido un patrón de desacreditación profesional hacia compañeras consideradas competencia para ocupar espacios al aire, comentarios públicos denigrantes sobre colegas y quejas disciplinarias que, según los demandantes, resultaron infundadas al ser contrastadas con registros de cámaras de seguridad. El documento enfatiza que se trata de señalamientos contenidos en procesos judiciales y administrativos en curso, cuya veracidad deberá ser establecida por las autoridades competentes.
El comunicado también señala que el 25 de mayo de 2026 RED+ Noticias anunció la separación de Giovanni Celis Sarmiento de sus funciones con el fin de garantizar la transparencia de las investigaciones en curso. Sin embargo, sostiene que no existe conocimiento público de medidas similares respecto de Carolina Gómez Sánchez, pese a que los señalamientos en su contra circulaban desde esa misma fecha. Además, los representantes de los demandantes afirman que, hasta donde conocen, Claro no ha establecido contacto con la mayoría de los extrabajadores que interpusieron las demandas, ni ha ofrecido espacios de escucha, mecanismos de reparación o manifestado interés institucional en esclarecer los hechos.
Los abogados indican que, hasta la fecha, han presentado múltiples demandas ordinarias laborales ante la jurisdicción de Bogotá, radicaron un derecho de petición ante Claro y anunciaron que formalizarán una querella administrativa ante el Ministerio del Trabajo. También señalan que existen nuevos procesos en preparación y que el caso podría tener implicaciones para los modelos de contratación utilizados en el sector de las comunicaciones en Colombia.
Finalmente, los representantes de los demandantes reiteran que el propósito del comunicado es informar a la opinión pública sobre el estado del proceso y subrayan que serán los jueces y las autoridades administrativas quienes determinen, con base en las pruebas, si existe responsabilidad por parte de la empresa o de las personas señaladas.
