Margarita Cabello recordó a todos los colombianos que la Procuraduría General de la Nación está construyendo desde la equidad y la diferencia y “que cuentan con esta institución como la defensora de los intereses de la sociedad y del ordenamiento jurídico”.
La Procuraduría cumple su deber constitucional: investigar y sancionar. Nuestra función disciplinaria se fortalece, ratificada por Corte Constitucional», notificó la jefa del organismo de control disciplinario en respuesta a a la banca de Pacto Histórico, que denunció una persecución sistemática y anunció que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «medidas cautelares para proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió».
En las conciliaciones administrativas se lograron acuerdos que generaron un ahorro aproximado para el Estado de 203.622 millones de pesos, teniendo en cuenta el valor de las pretensiones. Además, se alcanzaron acuerdos en el 40 % de los casos de familia y en el 25 % de los 4259 casos de conciliación civil.
Durante la audiencia pública, la Procuradora se refirió además al posicionamiento del enfoque diferencial y de género como un pilar institucional. En esta área destacó las 2.912 alertas de intervención generadas en 2022 que permiten atender con mayor eficiencia, y en las primeras etapas, los procesos en los que se identifican condiciones especiales de riesgo para las mujeres.
La construcción de paz, velar por la atención a la población migrante y la protección de líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, fueron parte de los retos asumidos en 2022 por la Procuraduría. “Y en 2023, no descansaremos hasta que las entidades competentes garanticen los derechos de las poblaciones vulnerables del país”, puntualizó la representante del órgano de control.
Margarita Cabello recordó a los colombianos que la Procuraduría General de la Nación está construyendo desde la equidad y la diferencia y “que cuentan con esta institución como la defensora de los intereses de la sociedad y del ordenamiento jurídico”.
