El municipio ha adelantado 34 de las aproximadamente 110 demoliciones estimadas tras el terremoto del 10 de agosto y ha destinado $2.900 millones de recursos propios para este frente. Las intervenciones avanzan bajo criterios técnicos, jurídicos y de seguridad, mientras se habilitan nuevos procesos en sectores con estructuras que representan riesgo.
Dosquebradas continúa avanzando en la demolición de las edificaciones que, por sus afectaciones estructurales después del terremoto del 10 de agosto, representan un riesgo y requieren ser intervenidas de manera controlada. Este proceso hace parte de las acciones que el municipio mantiene activo para reducir amenazas en los sectores más afectados y avanzar hacia condiciones más seguras para las comunidades.

A la fecha, se han adelantado 34 demoliciones de las aproximadamente 110 estimadas para el municipio, para lo cual la Administración ha destinado $2.900 millones de recursos propios. El avance depende del cumplimiento de una ruta que incluye conceptos técnicos, procedimientos legales y disponibilidad presupuestal antes de autorizar cada intervención.
En el más reciente Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, el alcalde Roberto Jiménez Naranjo señaló: “Seguimos de manera juiciosa con las demoliciones porque este es uno de los focos más importantes para nuestra Administración. Cada estructura debe surtir un proceso antes de ser intervenida y aquí no se trata simplemente de demoler; nuestro principal foco es la seguridad, tanto durante el procedimiento como en la protección de las viviendas, edificaciones y comunidades que se encuentran alrededor. Vamos a seguir avanzando con responsabilidad y con todo el acompañamiento técnico que este proceso requiere”.
Precisamente, esa ruta previa permite establecer cuándo una edificación puede ser intervenida, qué tipo de demolición requiere y cuáles son las medidas de protección que deben adoptarse según las condiciones del entorno. A medida que se cumplen estas etapas, el municipio habilita nuevos frentes de trabajo y expide las resoluciones correspondientes. Uno de los casos más recientes es el edificio Salyfe, una edificación de apartamentos ubicada en la calle 19 con carrera 19, en el barrio Santa Mónica, que presentó graves afectaciones estructurales después del sismo y representa riesgo para peatones, vehículos y construcciones cercanas.
Debido a las características del inmueble, la intervención requiere un procedimiento mecánico especializado. “Para su demolición de tipo mecánica, la Administración utilizará maquinaria amarilla, con grúas y martillo hidráulico, y personal especializado”, explicó Luis Felipe Mejía, secretario de Obras Públicas del municipio.
Además el funcionario indicó que los trabajos se extenderán durante aproximadamente nueve días más, teniendo en cuenta que se trata de una edificación de cinco pisos y cerca de 1.400 metros cuadrados, ubicada en pleno sector residencial y colindante con otras construcciones y su intervención es similar a la que se efectuó en el hotel Veneton.
Por esta razón, durante la intervención se reforzarán las medidas de protección en el entorno. Entre ellas se contempla el desvío vehicular por la zona de trabajo y la orientación a los peatones que frecuentan el sector para que utilicen corredores alternos mientras avanzan las labores.
Así, cada nueva demolición se incorpora a una operación que combina evaluación técnica, capacidad financiera y control del riesgo. El objetivo es que las intervenciones avancen de manera progresiva, pero sin comprometer la seguridad de las familias, de las edificaciones vecinas ni de quienes transitan por los sectores afectados.
Cabe señalar que, ese proceso continuará siendo determinante dentro de la transición de la atención de la emergencia hacia la recuperación y la reconstrucción, porque retirar de forma segura las estructuras que representan riesgo permite proteger a las comunidades y preparar los territorios para las decisiones que vendrán en las siguientes etapas.
Dato de interés
En el más reciente Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se aprobaron nuevas resoluciones para la demolición total de al menos cinco edificaciones, entre ellas un inmueble ubicado en la calle 8 No. 16A-61, vía La Popa, sobre el cual la comunidad había alertado en varias oportunidades por el peligro para los transeúntes, y el edificio Roterdam, ubicado en Alta Pradera II.


