La inversión proyectada según el Plan de Acción para este año priorizará la educación, el agua potable y los servicios públicos, sectores que concentrarán más del 94 % de los recursos definidos en el Marco Territorial de Pobreza Extrema, instrumento al que la Secretaría de Planeación hará seguimiento permanente para verificar el cumplimiento de las metas y el impacto de las acciones.
Esta hoja de ruta permite coordinar esfuerzos, medir resultados y atender con mayor precisión las brechas que persisten en Dosquebradas.
Dosquebradas bajo el gobierno del alcalde Roberto Jiménez consolidó una estrategia integral para intervenir las condiciones que profundizan la pobreza extrema y transformar la respuesta institucional en una ruta coordinada, medible y con inversión focalizada.
En esta visión, el Marco Territorial de Pobreza Extrema 2025, presentado por la Secretaría de Planeación, articula las capacidades de las diferentes dependencias de la Administración Municipal para actuar sobre las principales privaciones relacionadas con educación, salud, empleo, servicios públicos y condiciones de la niñez y la juventud.
Los indicadores permitieron dimensionar los avances alcanzados e identificar los sectores que requieren una intervención más intensa. Entre 2024 y 2025, la población clasificada en el Grupo A del Sisbén pasó de 17.935 a 14.464 personas, lo que representa una disminución de 3.471 registros, equivalente al 19,4 %. A su vez, el Índice de Pobreza Multidimensional se ubica en el 13 % para el municipio, con un 12,4 % en la cabecera y un 23,5 % en los centros poblados y la zona rural dispersa.
El resultado de 2025 del Marco Territorial fue presentado durante el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS), escenario en el que se socializaron su diagnóstico, el plan estratégico, el análisis y el sistema de seguimiento. Con esta herramienta, la ciudad cuenta con una estructura que permite coordinar programas, evitar acciones dispersas, priorizar la inversión y medir los resultados obtenidos.
La secretaria de Planeación, Lina Marcela Mondragón, destacó que el principal valor del instrumento está en convertir la información social en decisiones concretas de gestión e inversión: “Este instrumento permite reconocer dónde están las principales brechas y articular las acciones de la Administración Municipal para responder de manera más efectiva. La superación de la pobreza extrema requiere educación, salud, agua potable, servicios públicos, oportunidades productivas y acompañamiento social; por eso, el Marco Territorial integra las capacidades institucionales y establece mecanismos de seguimiento que permitirán medir los resultados”.
Los resultados de 2025 evidencian que esta intervención ya reúne acciones de diferentes sectores. En salud, más de 3.000 personas fueron atendidas mediante jornadas descentralizadas, acercando servicios básicos y orientación a barrios y comunidades con mayores dificultades de acceso. En educación, 16.540 estudiantes fueron beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar, respaldado por una inversión superior a $11.140 millones. Además, se gestionaron más de $7.520 millones para garantizar su continuidad durante 2026, consolidando la alimentación escolar como una herramienta de permanencia, bienestar y protección para la niñez.
A este esfuerzo se sumó el transporte escolar para 1.554 estudiantes, con un incremento del 37 % en la cobertura frente a 2024. De esta forma, se continuaron reduciendo barreras asociadas a la distancia, los costos de desplazamiento y las condiciones territoriales que pueden interrumpir las trayectorias educativas.
Por otro lado, la atención a las personas mayores también ocupó un lugar central. Durante la vigencia, 500 adultos mayores recibieron atención diaria en los Centros Vida, con una inversión superior a $1.600 millones. Asimismo, 820 beneficiarios recibieron 4.100 paquetes alimentarios, fortaleciendo la protección social de una población que requiere acompañamiento permanente.
Además, la estrategia ‘Dignificando con el Corazón’ alcanzó 2.250 atenciones integrales dirigidas a habitantes de calle, mientras que 30 personas en condición de vulnerabilidad recibieron un servicio funerario digno. Estas acciones permitieron responder a situaciones críticas desde un enfoque de respeto, protección y reconocimiento de la dignidad humana.
La agenda social incluyó también el fortalecimiento de las acciones para las mujeres. Durante el año fueron abiertos tres nuevos Puntos Púrpura y se dio continuidad al espacio ubicado en el Centro Comercial El Progreso. Además, 40 mujeres participaron en la Escuela de Formación Política con Enfoque de Género, ampliando sus capacidades de liderazgo, participación e incidencia. En el sector rural, 30 productores fortalecieron sus procesos de comercialización mediante los Mercados Campesinos y alcanzaron ventas superiores a $30 millones por jornada. Paralelamente, más de 17.800 víctimas del conflicto armado fueron atendidas a través de acciones de reparación integral, inclusión, orientación y bienestar.
Ahora bien, para este año, el Marco Territorial proyectó una inversión superior a los $35.000 millones, concentrada principalmente en sectores que inciden de manera directa sobre las privaciones sociales. Educación representa el 41,39 %; Serviciudad, el 31,94 %; y Planeación–Servicios Públicos, el 21,09 %. Esta priorización permitirá fortalecer el acceso y la permanencia educativa, ampliar la cobertura de los servicios públicos, mejorar el abastecimiento de agua potable y reducir las brechas existentes entre la zona urbana y rural. Así, la inversión dejará de distribuirse de manera fragmentada para responder a una visión común de superación de la pobreza extrema.
Con esto, Dosquebradas avanza de la atención aislada de necesidades hacia una estrategia social articulada, con metas, presupuesto y seguimiento. El desafío ahora será sostener la intervención en los sectores con mayores privaciones, evaluar el impacto de cada acción y convertir la inversión pública en oportunidades reales para que más familias mejoren sus condiciones de vida.
Dato de interés
El Índice de Pobreza Multidimensional no se limita a medir el ingreso económico de los hogares. También identifica privaciones asociadas con educación, salud, empleo, condiciones de la niñez, vivienda y acceso a servicios públicos, lo que permite orientar la inversión hacia las causas estructurales de la pobreza.
