La investigación se centra en aportes reportados durante la consulta interna del Pacto Histórico de 2025. La defensa de Cepeda sostiene que los recursos correspondieron a créditos en especie y no a donaciones.
La Corte Suprema de Justicia ordenó adelantar pruebas y recibir declaraciones dentro de una investigación relacionada con la financiación de la campaña de Iván Cepeda durante la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.
La actuación judicial busca establecer si los recursos recibidos durante esa campaña se ajustaron a las normas que regulan la financiación electoral y si se respetaron los topes establecidos para los aportes de particulares.
El caso está relacionado con recursos entregados por Javier Antonio Pérez Páez y por la empresa Samat Publicidad SAS, aportes que fueron cuestionados ante las autoridades electorales.
¿Cuál es el origen de la investigación?
De acuerdo con la información conocida sobre el proceso, Pérez Páez habría reportado un aporte por $116 millones, mientras que a nombre de su empresa se registraron recursos por aproximadamente $609 millones.
El cuestionamiento gira principalmente alrededor de la naturaleza de estos recursos, debido a que, según los denunciantes, podrían superar los límites establecidos para las contribuciones de personas naturales a campañas políticas.
Sin embargo, tanto Pérez Páez como Iván Cepeda han sostenido que estos recursos no correspondieron a donaciones, sino a un crédito en especie relacionado con la prestación de servicios de publicidad.
El asunto ya había sido analizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que concluyó que no encontró acreditado que Samat Publicidad SAS o Pérez Páez hubieran realizado donaciones a la campaña ni que mediante un crédito se hubiera intentado ocultar una donación.
Cepeda defiende la transparencia de sus cuentas
La campaña de Cepeda en la consulta interna del Pacto Histórico reportó un costo cercano a $964 millones, de acuerdo con la información consignada en el sistema de cuentas electorales.
De ese total, aproximadamente $125 millones correspondieron a recursos aportados por el propio senador, mientras que el resto provino de contribuciones de particulares.
Cepeda ha insistido en que la financiación de su campaña fue reportada de manera transparente y que las cuentas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes.
La nueva actuación de la Corte Suprema busca esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad en la financiación de la campaña.
La apertura de esta investigación no significa que Iván Cepeda haya sido declarado responsable de una infracción o delito. Será el desarrollo de las pruebas y las decisiones que adopte la Corte las que determinen si hubo alguna conducta contraria a las normas de financiación electoral.
