Corte Suprema condena a exfiscal de Pereira por interceptar ilegalmente a dos compañeros de la Fiscalía

María Eugenia Taborda Franco fue sentenciada a cinco años y diez meses de prisión por ordenar interceptaciones telefónicas sin justificación legal contra dos fiscales que investigaban organizaciones delincuenciales en Risaralda.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a María Eugenia Taborda Franco, exfiscal de la Unidad Regional Antinarcóticos de Pereira, por ordenar la interceptación de las comunicaciones de dos compañeros de la Fiscalía sin contar con motivos válidos para hacerlo.

Los hechos se remontan a 2019, cuando la entonces funcionaria autorizó intervenir dos líneas telefónicas que pertenecían a los fiscales Diego Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo, quienes adelantaban investigaciones contra organizaciones delincuenciales de la región.

Por estos hechos, la Corte le impuso una pena de 70 meses de prisión, equivalentes a cinco años y diez meses, una multa de 83,32 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 110 meses.

Además, el alto tribunal negó la posibilidad de que la condenada cumpla la pena en prisión domiciliaria o acceda a la suspensión condicional de la condena.

Interceptaciones sin justificación

De acuerdo con la decisión judicial, las comunicaciones de los dos fiscales fueron interceptadas entre el 14 de marzo y el 12 de abril de 2019.

Al revisar las pruebas, la Corte concluyó que Taborda ordenó las intervenciones telefónicas sin verificar adecuadamente la información que supuestamente las justificaba y sin comprobar la identidad de los titulares de las líneas.

La Sala también encontró irregularidades en el archivo de la investigación, firmado por la exfiscal el 31 de marzo de 2020. Según el fallo, Taborda argumentó que el proceso buscaba investigar posibles delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir, aunque desde el comienzo estaba orientado a establecer un eventual caso de cohecho propio, relacionado con un posible soborno a un funcionario público.

En el documento de archivo también indicó que los números intervenidos pertenecían a un integrante de la organización delincuencial Cordillera, cuando en realidad correspondían a sus dos compañeros de la Fiscalía.

Las líneas permanecieron intervenidas durante cuatro meses más

Otro de los aspectos que llamó la atención de la Corte fue que, pese a que Taborda solicitó cancelar las interceptaciones el 12 de abril de 2019, las dos líneas telefónicas permanecieron activas en el sistema de monitoreo hasta el 28 de agosto de ese mismo año.

Ante esta situación, la Sala de Casación Penal ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue por qué las comunicaciones continuaron intervenidas durante más de cuatro meses, a pesar de existir una orden de suspensión.

La Corte revocó la absolución

La condena revocó parcialmente la decisión del Tribunal Superior de Pereira, que en agosto de 2025 había absuelto a María Eugenia Taborda Franco de todos los cargos.

Con esta determinación, la Corte Suprema estableció la responsabilidad penal de la exfiscal por las interceptaciones irregulares realizadas contra dos funcionarios de la misma institución.

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