El Consejo de Estado decidió mantener la investidura del congresista David Racero, actual representante del Pacto Histórico, mientras continúa la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias.
La decisión fue adoptada tras analizar una demanda que buscaba la pérdida de su investidura bajo el argumento de que Racero habría utilizado su condición de parlamentario para gestionar cargos en el SENA.
Sin embargo, el alto tribunal concluyó que no existen pruebas suficientes que demuestren que el congresista invocó su posición para obtener beneficios personales o influir en decisiones administrativas dentro de la entidad.
Con este fallo, Racero mantiene su curul en la Cámara de Representantes y podrá continuar ejerciendo sus funciones legislativas mientras avanza el proceso disciplinario y penal que adelantan otras instancias.
La decisión ha sido interpretada como un respaldo institucional al debido proceso y una advertencia sobre la importancia de no judicializar la actividad política sin pruebas sólidas.
