El Municipio presentó una acción de lesividad ante el Tribunal Administrativo de Risaralda contra varias cláusulas de los acuerdos colectivos suscritos con organizaciones sindicales. Busca frenar beneficios económicos que considera contrarios a la Constitución y la ley, e incluso solicita la restitución de recursos entregados.
Una controversia jurídica se abre en Dosquebradas luego de que la Administración Municipal presentara una demanda ante el Tribunal Administrativo de Risaralda para solicitar la nulidad parcial de varios acuerdos colectivos suscritos con organizaciones sindicales entre 2019 y 2024.
La acción judicial, denominada nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, está dirigida contra disposiciones de los decretos municipales 348 de 2019, 667 de 2020, 245 de 2021, 415 de 2022 y 504 de 2024, mediante los cuales se adoptaron los acuerdos colectivos correspondientes a diferentes vigencias.
Entre las organizaciones sindicales demandadas figuran SIMTRAEMDOS, el Sindicato de Educadores de Risaralda (SER), SINTRENAL y ANDETT, además del Fondo de Empleados de los funcionarios del Municipio de Dosquebradas.
¿Qué beneficios están en discusión?
Según los argumentos expuestos por el Municipio en la demanda, algunas cláusulas habrían excedido las competencias legales de la Administración Municipal al establecer beneficios económicos y compromisos presupuestales que, a juicio de la entidad, no cuentan con suficiente respaldo constitucional y legal.
Entre los asuntos cuestionados se encuentran:
- Incrementos salariales y modificaciones particulares de escalas salariales.
- Auxilios económicos anuales para organizaciones sindicales.
- Programas adicionales de bienestar laboral.
- Beneficios relacionados con salud visual.
- Bonos para la adquisición de dotación.
- Obsequios y beneficios navideños.
- Auxilios económicos complementarios por incapacidad.
- Incentivos al ahorro para empleados.
- Apoyos institucionales al Fondo de Empleados.
- Recursos para programas de mejoramiento de vivienda.
- Entrega de bienes y otros beneficios para determinados servidores públicos.
La Administración sostiene que algunas de estas disposiciones comprometen recursos públicos en materias que, de acuerdo con su interpretación jurídica, están reservadas al Congreso, al Gobierno Nacional o a otras autoridades competentes.
También solicitan devolución de recursos
Uno de los aspectos más relevantes de la demanda es que el Municipio no solamente pretende que se retiren del ordenamiento jurídico las cláusulas cuestionadas, sino que también solicita la restitución de las sumas de dinero, bienes y demás beneficios patrimoniales que hayan sido entregados con fundamento exclusivo en las disposiciones demandadas.
Sin embargo, la propia demanda reconoce que deberá analizarse la situación particular de cada beneficiario y la protección legal de quienes hayan recibido prestaciones de buena fe.
En caso de que el Tribunal acceda a las pretensiones, la Administración también busca que cesen las obligaciones económicas y administrativas derivadas de las cláusulas anuladas.
La decisión está en manos de la justicia
El Municipio aclara en su argumentación que no pretende desconocer el derecho a la negociación colectiva ni la libertad sindical de los empleados públicos. Su cuestionamiento se concentra en la legalidad de determinados beneficios y compromisos incorporados en los acuerdos.
Ahora será el Tribunal Administrativo de Risaralda el encargado de estudiar los argumentos, las pruebas y las respuestas de las organizaciones sindicales y demás vinculados al proceso.
Por el momento, la presentación de la demanda no significa que los acuerdos hayan sido anulados ni que los trabajadores deban devolver los beneficios recibidos. Se trata de una controversia judicial cuya decisión final corresponde a la jurisdicción administrativa.
