OPINIÓN / ¿Para dónde va Risaralda?

ALVARO RODRIGUEZ HERNÁNDEZEso se preguntaba un diputado al estornudar indicadores de impacto, al revisar las cifras dejadas por varias dependencias.

Al paso que vamos, Risaralda ni es Verde, ni Emprendedora. Es un embeleco territorial con Asamblea. ¿Alguien, recuerda, cuáles son sus límites?

Es una mezcla rara de falta de gerencia y alta dosis de estupidez humana. Lo digo, porque llevan año y medio a punta de “coscorrones” y “aullidos” de políticos entrelazados en defensa de 2 bloques sin norte. Un reguero de poder arrojado al piso.

Ni el uno oye, ni el otro escucha. Una repetición de torpezas. De cerrar de puertas y de envío de mensajes cargados de odio y sin respuesta. Un laberinto es esta gobernación. Mucho tino le ha faltado al gobernante para suplir fallas en el manejo político. Él fue diputado pero hoy parece un despistado funcionario rebelde que no convence sino que se dedicó a “hacer mandados” sin tener en cuenta que hay que darle vuelta a los resentimientos, al cuadrilátero que es esta administración conservadora. A “cobrar” dividendos políticos y al revanchismo.

Lo que ha pasado esta semana, insisto, no tiene nombre. El gobernador Salazar saca, casi que despedidos por cuestión de agenda y de ocupaciones, una comisión de diputados, que le reclama por la batalla que libran. Los sacó por la puerta de atrás. Quienes estuvieron allí, lo señalan “de despectivo”. “Cargado de una soberbia que no se compadece”.

Las zancadillas van y vienen llenas de un ácido voraz. Eso no está bien. Alguien debe parar esa rueda loca. Mal tiene que estar un Gobernante que busca tropel con un sector político que  lo ayudó a elegir para congraciarse y aporrear otro, llevándose por delante el mantel y la vajilla, como lo muestra el radar en lo transcurrido del control político.

Un total de 1467 contratos en el 2016 por valor cercano a los $74 mil millones (161 adiciones) que están en libros y que merecen claridad. Que alguien diga, al menos, para dónde va Risaralda.

Este año lleva – cifras oficiales- 698 contratos por $44 mil 348 millones, que merecen, por demás, otra justa explicación, sin que por ello deba crucificar a quienes indagan por el calibre o el alcance de estas adjudicaciones.

No es el  momento de acrecentar peleas, de abrir cuadrilátero, cuando el centralismo ahoga y los recursos no llegan a las comunidades. Es la hora de la sensatez. No de la estupidez humana. Eso pido.

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