La Fiscalía le imputó los delitos de tortura, acceso carnal violento con menor de 14 años y violencia intrafamiliar agravada. La menor habría sufrido maltratos físicos, privación de alimentos y vulneraciones a su integridad sexual.
Una mujer indígena de 27 años fue enviada a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, luego de ser judicializada por su presunta responsabilidad en graves hechos de violencia contra su sobrina, una niña de 10 años, en Santa Rosa de Cabal, Risaralda.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Risaralda, informó que los hechos habrían ocurrido entre 2025 y septiembre de 2026, en una vivienda del barrio Colombia, donde residía la mujer y quedaba al cuidado de la menor.
De acuerdo con la investigación, la procesada habría aprovechado su condición de tía y la relación de confianza y autoridad que tenía sobre la niña para someterla a diferentes formas de maltrato. Entre las conductas denunciadas se encuentran golpes con elementos contundentes, privación de alimentos, restricciones para utilizar el baño y presuntas agresiones contra su integridad sexual.
Examen médico evidenció señales de maltrato
El informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la menor presentaba laceraciones, cicatrices en diferentes partes del cuerpo y signos de maltrato físico crónico.
Estos hallazgos hicieron parte de los elementos recopilados por la Fiscalía durante la investigación, que permitió llevar a la mujer ante un juez de control de garantías.
Tres delitos imputados
Un fiscal seccional imputó a la mujer como presunta responsable de los delitos de tortura, acceso carnal violento con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, estos dos últimos agravados.
La procesada no aceptó los cargos.
Sin embargo, atendiendo la solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El caso ocurrió en Santa Rosa de Cabal y vuelve a poner de manifiesto la gravedad de las situaciones de violencia y vulneración de derechos que pueden sufrir los menores de edad en entornos familiares.
