El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos durante la administración anterior, cuando la entidad estuvo bajo la dirección de la excomandante de Bomberos de Dosquebradas, Lina María Marín Rodríguez.
La Dirección Nacional de Bomberos, que durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro estuvo en manos de la excomandante de Bomberos de Dosquebradas, Lina María Marín Rodríguez, quedó en el centro de la controversia tras las denuncias presentadas por el actual Gobierno nacional por presuntos hechos de corrupción en la contratación de equipos y materiales para los organismos de socorro.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que, luego de una auditoría forense, su cartera identificó posibles irregularidades en contratos suscritos durante la administración anterior. Por estos hallazgos, fueron radicadas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
El funcionario aseguró que los hallazgos están respaldados en documentos oficiales y no corresponden, según sus palabras, a simples opiniones.
Contratación por $42.000 millones bajo la figura de emergencia
Según explicó el ministro Lara, en febrero del año anterior un frente frío provocó inundaciones en ocho departamentos del país: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, dejando cerca de 250.000 personas afectadas.
Ante esta situación, el Gobierno de entonces declaró una emergencia por 30 días, figura que permitió a la Dirección Nacional de Bomberos realizar contratación directa, sin procesos ordinarios de licitación.
Sin embargo, de acuerdo con la auditoría presentada por el Ministerio del Interior, de los $42.000 millones contratados bajo esa figura, solamente $313 millones habrían sido destinados directamente a atender las inundaciones.
El resto de los recursos se habría orientado a la adquisición de trajes para incendios, equipos de respiración y materiales para la atención de sustancias peligrosas, elementos que son necesarios para la actividad bomberil, pero que, según el ministro, no correspondían al propósito específico de la emergencia invernal que justificó la contratación directa.
Las presuntas irregularidades del contrato 076
Uno de los casos señalados corresponde al contrato 076, suscrito con la empresa Makei Soluciones, de Barranquilla.
De acuerdo con el ministro, el negocio comenzó por $16.000 millones y terminó alcanzando los $24.000 millones.
Lara cuestionó que el contrato se hubiera firmado seis semanas después de declarada la emergencia, cuando, según indicó, la situación ya había terminado. Además, se estableció un plazo de 90 días para entregar los equipos.
Entre los hallazgos expuestos por el funcionario se encuentran:
- Diferencias en las cantidades: en una primera factura se habrían cobrado 744 equipos, pero al almacén ingresaron solamente 670.
- Actas de recibo cuestionadas: el 20 de junio se habría firmado un documento certificando la recepción a satisfacción de cascos, trajes y equipos de respiración. Ese mismo día, según la denuncia, se suscribió otra acta para dejar los mismos elementos almacenados en la bodega del contratista.
- Pago de facturas: dos días después se habría facturado y pagado una suma de $5.600 millones.
- Equipos pendientes de entrega: el ministro afirmó que, en septiembre, cuando la Dirección Nacional de Bomberos ya estaba bajo la administración actual, se solicitó al contratista entregar los elementos adquiridos, pero, según su exposición, estos todavía no habían sido entregados.
- Adición presupuestal: al contrato se le habrían sumado otros $8.000 millones.
El ministro también cuestionó el momento en que se realizaron los pagos y la facturación, al señalar que parte de las operaciones se habría producido durante el periodo de campaña presidencial y en fechas cercanas a la segunda vuelta electoral.
¿Qué papel tuvo la anterior dirección de Bomberos?
Los hechos denunciados corresponden al periodo en que Lina María Marín Rodríguez, reconocida por haber sido comandante de Bomberos de Dosquebradas, estuvo al frente de la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno de Gustavo Petro.
Su paso por esa entidad cobra relevancia pública ante los cuestionamientos sobre la contratación, aunque los señalamientos presentados por el ministro del Interior no permiten concluir, por sí solos, que la exdirectora haya participado en conductas ilegales o tenga responsabilidad personal en las presuntas irregularidades.
Será competencia de los organismos de control y de la Fiscalía establecer quiénes intervinieron en los procesos contractuales, si existieron responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales y cuál fue el destino de los recursos públicos.
“Los bomberos merecen que cada peso llegue a ellos”
Al presentar los hallazgos, el ministro Rodrigo Lara manifestó que los integrantes de los cuerpos de bomberos arriesgan sus vidas para proteger a la ciudadanía y que los recursos destinados a su labor deben llegar efectivamente a los organismos de socorro.
“La urgencia manifiesta existe para salvar vidas en una emergencia, no para saltarse la ley”, afirmó el funcionario.
La investigación que ahora deberán adelantar la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría será determinante para esclarecer las presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Bomberos y establecer si hubo responsables en la contratación realizada durante el gobierno anterior.
