La Fiscalía investiga seis contratos por más de $17.657 millones y un presunto detrimento patrimonial superior a $2.481 millones. Uno de los procesados permanecerá privado de la libertad en su domicilio.
Medellín, 2 de octubre de 2026. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia contra Miguel Andrés Quintero Calle, investigado por su presunta participación en irregularidades relacionadas con seis contratos suscritos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre 2019 y 2023.
En el mismo proceso también fue presentado ante las autoridades judiciales Sebastián de Dios Ortega Urán, a quien el juez impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. La decisión fue apelada por la fiscal del caso.
Según la Fiscalía General de la Nación, los seis contratos tuvieron un valor superior a $17.657 millones y fueron celebrados directamente entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos legales.
La investigación señala que esta modalidad de contratación habría sido utilizada para favorecer a un beneficiario específico. Además, fueron identificados posibles sobrecostos en kits adquiridos durante la pandemia, así como pagos por servicios de transporte que no se habrían prestado y recargas de telefonía celular que tampoco se habrían realizado.
De acuerdo con la Fiscalía, estas y otras presuntas irregularidades habrían generado un detrimento patrimonial superior a $2.481 millones.
Investigación por presunto direccionamiento de contratos
La Fiscalía sostiene que Quintero Calle, pese a no ser servidor público, habría intervenido en los nombramientos de Juan David Palacio Cardona, como director del AMVA, y Álvaro Villada García, como subdirector Administrativo y Financiero, con el propósito de ejercer control sobre la contratación de la entidad.
Posteriormente, según la hipótesis de la investigación, Quintero Calle habría ordenado direccionar los seis contratos para beneficiar a Misael Alberto Cadavid Jaramillo, gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La Fiscalía también señala que Quintero Calle habría exigido el 15 % de los recursos desembolsados, mientras que Ortega Urán presuntamente habría recibido el dinero en efectivo para posteriormente entregárselo a Quintero Calle.
Por estos hechos, una fiscal les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La investigación continúa en curso y las medidas adoptadas corresponden a decisiones dentro del proceso penal. Los investigados conservan su derecho a la presunción de inocencia mientras la justicia determina su eventual responsabilidad.
Fuente: Fiscalía General de la Nación.
