La congresista del Pacto Histórico rindió indagatoria durante cerca de tres horas por su presunta participación en un operativo realizado en la cárcel La Picota en 2025.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia vinculó formalmente a la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, a una investigación penal por el presunto delito de abuso de función pública, relacionada con un operativo realizado en la cárcel La Picota, en Bogotá.
La congresista acudió este jueves 17 de septiembre a una diligencia de indagatoria que se extendió durante cerca de tres horas ante la Corte Suprema, donde presentó su versión frente a los hechos que son materia de investigación.
El proceso está relacionado con un procedimiento realizado el 10 de julio de 2025 en el centro penitenciario, durante el cual las autoridades incautaron un arma de fuego luego de recibir información de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien para entonces era señalado como uno de los líderes de la organización criminal La Inmaculada y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.
¿Qué investiga la Corte?
La investigación busca establecer si Zuleta, quien para ese momento cumplía funciones como coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con estructuras armadas organizadas de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, se extralimitó en las funciones que tenía asignadas.
La Corte deberá determinar si la presencia de la senadora durante el procedimiento en La Picota correspondió exclusivamente a sus funciones como gestora de paz o si tuvo alguna intervención directa en el operativo que terminó con la incautación del arma.
Las funciones de Zuleta estaban respaldadas por las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En su momento, el entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, presentó el episodio como un gesto de las estructuras criminales dentro del proceso de conversaciones. Sin embargo, la actuación también generó cuestionamientos de distintos sectores por la presencia de la congresista en el procedimiento penitenciario.
La defensa de Isabel Zuleta
La senadora ha rechazado que su actuación haya sido irregular y ha sostenido que su presencia estuvo relacionada con las funciones que desempeñaba dentro del proceso de paz.
Según su versión, fue ella quien exigió que, si alias Pipe Tuluá pretendía entregar información, debía hacerlo formalmente ante la Fiscalía General de la Nación.
Zuleta también ha señalado que las pruebas incorporadas al proceso demostrarían que no intervino ni obstaculizó el procedimiento realizado posteriormente en la cárcel.
Después de la diligencia de indagatoria de este jueves, la congresista cuestionó el tratamiento periodístico que han recibido los procesos judiciales que se adelantan en su contra.
Otro proceso en la Corte Suprema
Este no es el único expediente que involucra a la senadora ante el alto tribunal.
La Sala de Instrucción también adelanta otra actuación por presunto abuso de función pública relacionada con una solicitud que habría realizado ante el Inpec para trasladar a internos de la cárcel La Paz, en Itagüí, hasta la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.
Los privados de la libertad habrían sido trasladados para participar en el denominado “tarimazo” realizado durante un acto político encabezado por el entonces presidente Gustavo Petro en junio de 2025.
Este segundo expediente es independiente de la investigación relacionada con el operativo de La Picota.
La investigación continúa
La vinculación formal de Isabel Zuleta al proceso no significa que haya sido declarada responsable penalmente. Se trata de una actuación dentro del proceso judicial que le permite ejercer su derecho de defensa frente a los hechos investigados.
Ahora la Corte Suprema deberá continuar con la práctica y valoración de las pruebas para establecer si existió o no una extralimitación de funciones por parte de la congresista durante el procedimiento realizado en La Picota.
