El proyecto de ley, liderado por la senadora Norma Hurtado Sánchez y respaldado por congresistas de distintas bancadas, busca modificar la Ley 400 de 1997 y establecer plazos obligatorios para mantener actualizada la normativa de construcción frente al riesgo sísmico.
Bogotá D.C. El terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto volvió a poner en el centro del debate la preparación de Colombia frente a los movimientos sísmicos y la seguridad de las edificaciones.
En este contexto, la senadora Norma Hurtado Sánchez, junto con congresistas de diferentes bancadas, radicó un proyecto de ley que busca establecer la actualización periódica y obligatoria de la norma sismorresistente colombiana.
La iniciativa propone modificar la Ley 400 de 1997 para establecer plazos concretos de revisión y actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR).
Actualización obligatoria cada cinco años
Uno de los principales cambios planteados consiste en establecer que la norma sismorresistente deberá ser actualizada como mínimo cada cinco años.
El proyecto también contempla revisiones extraordinarias en un plazo máximo de 12 meses después de la ocurrencia de eventos sísmicos de gran impacto, con el propósito de incorporar rápidamente los nuevos conocimientos y aprendizajes derivados de estos fenómenos.
La propuesta parte de la preocupación generada por el terremoto del 10 de agosto y por la vulnerabilidad que presentan algunas edificaciones en diferentes regiones del país.
Microzonificación sísmica sería obligatoria en los municipios que cuenten con estos estudios
Otro de los componentes de la iniciativa establece que los estudios de microzonificación sísmica existentes deberán ser incorporados en los procesos de licenciamiento urbanístico de los municipios donde ya se encuentren disponibles.
La medida busca que las características particulares del suelo y el nivel de amenaza sísmica de cada territorio sean tenidos en cuenta al momento de autorizar nuevos proyectos de construcción.
El proyecto también plantea fortalecer la asistencia técnica y financiera para los municipios con mayores niveles de riesgo sísmico y menor capacidad institucional, con el fin de facilitar la elaboración de estos estudios.
Cuestionan los tiempos de actualización de la NSR
Los promotores de la iniciativa sostienen que Colombia cuenta con información y estudios técnicos que pueden servir como base para actualizar la normativa, pero que actualmente no existe un mecanismo legal que obligue a culminar el proceso dentro de plazos determinados.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra el documento técnico AIS 100-24, elaborado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y entregado como insumo para la actualización de la NSR-10.
De acuerdo con la exposición del proyecto, el proceso de actualización ha enfrentado dificultades relacionadas con el análisis de 1.689 comentarios, los tiempos requeridos para el Análisis de Impacto Normativo (AIN) y la necesidad de conciliar diferentes estudios de amenaza sísmica.
Para los autores de la iniciativa, esta situación demuestra la necesidad de establecer reglas, responsables y fechas límite que permitan evitar que la actualización de la normativa quede retrasada durante años.
“La prevención debe convertirse en una política permanente”
La senadora Norma Hurtado Sánchez afirmó que el país no debería esperar a que ocurra una nueva tragedia para revisar sus normas de construcción.
“Colombia no puede seguir actualizando su norma sismorresistente solo después de una tragedia. Este proyecto pone reglas claras, tiempos definidos y responsabilidad institucional para que la prevención deje de ser reactiva y se convierta en una política permanente del Estado”.
La congresista agregó que, aunque los terremotos no pueden evitarse, sí es posible reducir sus consecuencias mediante mejores estándares de construcción, planificación territorial y preparación institucional.
“Los terremotos no se pueden evitar, pero sus consecuencias sí se pueden reducir si el país actúa a tiempo”, concluyó Hurtado.
El proyecto de ley iniciará ahora su trámite en el Congreso de la República, donde deberá surtir los debates correspondientes antes de convertirse en ley.
