Unidades de Trabajo Legislativo cuestan $205 mil millones anuales

Una de las reformas que reclaman quienes exigen otra cara del Congreso es a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), las cuales sirven de apoyo a la labor de los parlamentarios; esto por los altos costos que representan así como por algunas irregularidades. En el anterior periodo no se habló del tema, se espera que este año haya cambios en la materia.

RAM / En el pasado Congreso entre varios proyectos de ley que presentó el partido Centro Democrático, que tenían que ver con reducir los costos de esta Corporación, atendiendo de esta manera la difícil situación fiscal y social que ha generado la pandemia en el país, una de estas iniciativas buscaba disminuir el presupuesto destinado para las UTL, integradas por asesores, periodista y una secretaria.

Sin embargo, el proyecto terminó archivado.

Cada uno de los congresistas cuenta con una UTL a su servicio, integrada por no más de diez ni menos de seis empleados o contratistas.

Para la provisión del cargo respectivo, actualmente el parlamentario postula, ante el director general administrativo, el candidato para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato. La norma establece que el valor del sueldo mensual de cada planta no podrá sobrepasar los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Estos colaboradores, de acuerdo con su especialidad y formación académica, desarrollan asesoría en distintos asuntos, investigación para elaborar y sustentar los proyectos de ley que presenta el parlamentario, así como otros trabajos de apoyo. En últimas, se busca que el congresista pueda dedicar la mayor parte de su tiempo y energías a su función principal: legislar y hacer control político al gobierno de turno.

La iniciativa buscaba modificar el tope del presupuesto para la UTL de cada congresista con el fin de que no sobrepasara el valor de 30 salarios mínimos legales mensuales por cada unidad.

El texto que proponía este proyecto de ley, y que modificaba la Ley Quinta, o Ley del Congreso, en lo que se refiere a las UTL, establecía que con el objeto de adelantar una labor legislativa eficiente cada congresista contará “con una unidad de trabajo a su servicio, que está conformada por no más de 10 empleados y/o contratistas”.

De tal forma este proyecto eliminaba la posibilidad que hoy tiene cada congresista de postular ante el director administrativo, en el caso de la Cámara de Representantes, y ante el director general, en el Senado, el respectivo candidato de la UTL para su libre nombramiento y remoción.

Indicaba dicha iniciativa que cada UTL cuesta al erario al año $545.115.600; en tanto que las 280 UTL demandan recursos en el mismo período por $152.632.368.000.

Señala el proyecto en su parte motiva que reducir el tope presupuestal para la UTL no hace que se pierda la eficiencia del trabajo desarrollado en el Congreso, pues se mantiene la facultad de vincular a la actividad a personas capaces de apoyar a los congresistas en sus múltiples labores políticas, legislativas, técnicas, de comunicaciones y sociales.

En la actualidad en el Senado hay 108 senadores, contando los cinco escaños que le corresponden al Partido Comunes por el Acuerdo de paz y la curul que le toca a la oposición.

Mientras que en la Cámara hay 187 representantes, sumando los 15 que se eligieron para el actual Congreso en representación de las víctimas, uno de la oposición y cinco del Partido Comunes, derivado del Acuerdo de Paz.

Es decir, que hay 295 congresistas y 2.950 personas que les apoyan en su trabajo en la UTL.

Trasladando los costos de las UTL al salario mínimo fijado para este año, de $1.160.000, significa que cada una demanda recursos por $58 millones mensuales.

Luego las 295 UTL que hay en la actualidad apoyando la labor de senadores y representantes, cuestan $17.110.000.000 mensuales y $205.320.000.000 anualmente.

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Otras iniciativas

Anteriormente se han presentado algunas iniciativas más para modificar las UTL, aunque han sucumbido en su trámite en el Congreso.

Por ejemplo, en 2019 fue radicado un proyecto que adoptaba medidas para profesionalizar estas unidades, mediante la modificación de las denominaciones de los cargos, la fijación de nuevos requisitos y la asignación de funciones como una medida para combatir la corrupción y promover la idoneidad de los funcionarios que contribuyen a la labor legislativa.

La iniciativa de Cambio Radical indicaba que cuando se trate de la calidad de un asesor, podrá darse la vinculación por medio de un contrato de prestación de servicios. En este punto, el congresista podrá solicitar a la autoridad nominadora que disponga la iniciación de las labores contratadas desde el mismo momento de la designación del asesor.

En cuanto a los requisitos para cargos de nivel asistencial de las UTL, se planteaba exigir en primer lugar que el ciudadano sea abogado en ejercicio, y para los cargos de nivel técnico-profesional, como mínimo que la persona haya terminado y aprobado todas las materias del programa de formación técnica o tecnológica, o haber cursado tres años de estudios profesionales.

Mientras que los cargos de nivel profesional 1, tendrían que cumplir los mismos requisitos que para los cargos técnicos, más un año de experiencia laboral y para el profesional 2, además del título académico y haber cursado cuatro años de estudios universitarios, más un año de experiencia laboral.

Para los cargos de asesor, que se dividen en ocho, en todos los casos el proyecto proponía que tendrían que haber obtenido el título profesional como requisito mínimo. Para quien se postule como asesor 2 y 3 deberá tener un año de experiencia profesional; para asesor 4, dos años; para el asesor 5 tendrá que contar con un año de experiencia más posgrado; mientras que para el asesor 6, dos años de experiencia más título de formación avanzada; para el asesor 7, tres años de experiencia; y para el asesor 8, cuatro años de experiencia más los requisitos académicos anteriores.

Irregularidades

Varios excongresistas están en la cárcel o son investigados porque supuestamente les quitaban parte del sueldo a integrantes de sus UTL.

En estos días, el exsenador Gustavo Bolívar le dijo a Semana que supuestamente se presentan también casos de acoso sexual a mujeres en el Congreso.

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo.

El año pasado fue capturado el entonces senador Mario Castaño, señalado de supuestamente dirigir una red de corrupción en la contratación pública en el Eje Cafetero. Varios integrantes de su UTL también fueron capturados vinculados a esta investigación.

Hace pocos meses fue condenado a 10 años de prisión el excongresista Luis Salas, pues la justicia determinó que les pedía dinero a miembros de su UTL.

Entre otros casos también se recuerda que la Corte Suprema de Justicia condenó a Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, a 14 años y 7 meses de prisión porque “durante el desarrollo del proceso, la Sala de Casación Penal estableció que Carebilla Cuéllar se convirtió en un ‘mercader’ de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a su cargo, al utilizarla como una ‘empresa particular’ cuyo único objetivo fue su propio lucro, haciendo a un lado los deberes legislativos”, indicó el alto Tribunal.