Paro armado en Chocó es una deslealtad a lo pactado: Gobierno al ELN

El gobierno nacional condenó los recientes hechos de violencia cometidos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, señalando que el reciente cese al fuego declarado por este grupo armado no equivale a un permiso para perpetrar actos delictivos, especialmente contra la población civil.

El Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño señaló que la declaración de un paro armado por parte del Frente de Guerra Occidental del ELN constituye una flagrante deslealtad hacia los acuerdos alcanzados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana.

“Estos actos amenazan directamente la vida, los derechos y las libertades de los habitantes de dichas regiones, así como la legitimidad de las autoridades democráticamente elegidas y el papel de las autoridades comunitarias”, expresó.

Además, condenó  la perpetración de actos violentos por parte del Estado Mayor Central (EMC) del ELN en varios municipios, incluyendo un ataque armado a un vehículo de transporte escolar en Piamonte, donde resultaron heridas dos personas, incluyendo a un menor de edad. Estas acciones son categóricamente condenadas por violar los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y socavar los esfuerzos por la construcción de la paz en la región.

“La incursión armada del Estado Mayor Central en el departamento de Nariño ha provocado desplazamientos masivos y representa una seria amenaza para los derechos y libertades de la población. Este accionar constituye un obstáculo significativo para el Pacto Territorial por la Vida y la Paz, liderado por el Gobernador Luis Alfonso Escobar con el respaldo del Presidente de la República, que busca promover la paz y la seguridad en la región”, expresó Patiño.

En este contexto, el Gobierno reitera su compromiso con la territorialización de la paz, enfatizando la importancia de construir un Estado Social de Derecho en todos los rincones del país afectados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales. Se insta a las partes involucradas en el proceso de negociación a avanzar con determinación en la implementación de medidas que promuevan la seguridad y la reconciliación en los territorios afectados.

Declaración del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño

Bogotá, 12 de febrero de 2024

Frente a los últimos hechos ocurridos en los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, informo a la opinión pública que:

1. La declaración de paro armado por el Frente de Guerra Occidental del ELN es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias.

2. Igualmente, en municipios del departamento del Cauca y en el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, el Estado Mayor Central ha venido realizando acciones, como la sucedida el día de hoy en el municipio de Piamonte, donde una estructura del EMC realizó un ataque armado a un vehículo de transporte escolar causando heridas a dos personas, entre ellas un menor de edad, acto que constituye un hecho claramente repudiable que viola los más elementales principios que rigen el Derecho Internacional Humanitario, DIH. En Jamundí, un Frente del EMC, mediante medidas como empadronamientos, extorsiones continuas y otros controles coercitivos pretenden ejercer un dominio total sobre la población y laceran la confianza en el proceso mismo de construcción de paz.

3. Asimismo, la incursión armada del Estado Mayor Central en el departamento de Nariño ha causado desplazamientos masivos y es una grave amenaza contra los derechos y libertades de la población y se convierte en un peligroso obstáculo al Pacto Territorial por la Vida y la Paz que el Gobernador Luis Alfonso Escobar, con pleno apoyo del Presidente de la República, está desarrollando en este departamento.

4. El objetivo de territorializar la paz es construir el Estado Social de Derecho en cada uno de los lugares del país donde las economías ilegales, el abandono del Estado y las violencias han estado presentes en la vida cotidiana. Las negociaciones y acuerdos con grupos armados, deben ser protegidos por la Fuerza Pública, y su plena implementación por las partes, debe evitar que estos territorios sean copados por otros grupos que persisten en la violencia y la ilegalidad, reciclando así el imperio del estado de cosas inconstitucional.

5. En nuestro criterio, la esencia fundamental de los ceses al fuego radica en la protección de los derechos y libertades de las personas y el avance hacia la construcción de una paz sostenible y duradera en los territorios; su pleno cumplimiento debe alentar la seguridad y la esperanza en un fin del conflicto armado. En consecuencia, reiteramos que el cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población. La Fuerza Pública tiene el deber de actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos. Orientamos a las delegaciones del Gobierno Nacional en las mesas con el ELN y con el EMC para que avancen con rapidez y firmeza en la territorialización de la paz. Igualmente, exhortamos a las delegaciones de los grupos armados rebeldes para que sus frentes se comprometan con la transformación de los territorios agobiados por las inequidades y por las violencias.

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